El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y los sindicatos UGT y CCOO han llegado a un acuerdo para concluir la reforma del sistema público de pensiones.
El texto aborda dos reformas pendientes del Componente 30 del Plan
de Recuperación, Transformación y Resiliencia que se refieren a la
adaptación de las nuevas carreras profesionales para el cálculo de la pensión
de jubilación y a la adecuación de la base máxima de
cotización del sistema.
Para proteger el bienestar económico de los pensionistas actuales y
futuros, la Seguridad Social se reforzará con varias iniciativas: elevación de
las bases máximas, creación de una cuota de solidaridad para la parte del
salario que actualmente no cotiza por superar el tope máximo de cotización
(será del 1% en 2025 e irá aumentando a un ritmo de 0,25 puntos por año hasta
llegar al 6% en 2045) y fortalecimiento del Mecanismo de Equidad
Intergeneracional (de 0,6% al 1,2% en 2029, con una décima de aumento cada
año).
Además, para los próximos 20 años se establecerá un régimen
dual del periodo de cómputo, por el que se aplicará a los trabajadores que
se jubilen la más beneficiosa de estas posibilidades: los 29 últimos años de
carrera, descartando los 24 meses [2 años] peores; y el periodo de cómputo
actual (25 últimos años). La primera posibilidad se desplegará progresivamente
durante 12 años a partir de 2026. Esto beneficiará especialmente a los
trabajadores con carreras irregulares.
También se refuerzan las medidas para reducir la brecha de género en pensiones, mejorando la cobertura de lagunas con enfoque especial para mujeres y aumentando el complemento para la reducción de la brecha de género. Asimismo, se incluye en el sistema de Seguridad Social a los alumnos que realicen prácticas formativas y académicas incluidas en programas de formación.
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