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La morosidad, tanto la que se produce entre empresas como en las administraciones públicas, afecta hasta el 40% de los trabajadores por cuenta propia.

Como si de un virus se tratara, los impagos atacan de manera diferente según el tamaño de la empresa. Existen perfiles que ofrecen menos resistencia ante este mal endémico del tejido productivo español. Por su naturaleza, el autónomo es un colectivo al que la morosidad ataca con más virulencia. El autónomo es el trabajador más vulnerable del mercado. No cobrar a tiempo por su trabajo puede ser determinante para seguir subiendo la persiana a diario.

España es un país con un alto nivel de morosidad. Hablamos no solo de la morosidad entre empresas, sino también de aquella perpetrada desde las administraciones públicas. Por poner un ejemplo (el más extremo), si usted es autónomo y el ayuntamiento de Jaén le debe una factura, según la ATA, la administración de este municipio tardará hasta 582 días en efectuar el pago. Es el extremo de una situación extendida a todos los sectores.

España es un país con un alto nivel de morosidad entre empresas, pero también aquella perpetrada desde las administraciones públicas

Lo cierto es que unos plazos de pago excesivos e incumplidos prácticamente por defecto pueden ocasionar una falta de liquidez del trabajador autónomo, que en los casos más graves puede llevar a obligar a cerrar el negocio. En concreto, según el Estudio de Gestión de Riesgo de Crédito que impulsan Crédito y Caución e Iberinform, cerca de 85.000 empresas españolas están en riesgo de cerrar por el impacto de la morosidad.

2019 no ha sido un buen año para la morosidad y rompe una tendencia a la baja. Desde 2012 hasta 2017, la tasa de empresas que sufría impagos significativos había descendido progresivamente. En 2018 y 2019, sin embargo, la tendencia se rompe: una de cada tres empresas sufre ya los efectos de la morosidad. Autónomos y pymes son, a pesar de ser los pagadores más rigurosos, los más expuestos a lo contrario. Al otro lado, empresas grandes y administraciones locales son las que más retrasos acumulan.

En concreto, las empresas cotizadas en la Bolsa española acumulan una deuda de casi 80.000 millones de euros fuera del plazo de los 60 días establecidos por la Ley de la Morosidad, según la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM). Según los últimos datos publicados por la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA), un 39,21% de los autónomos ha padecido algún impago en 2019. De estos, un 20% tarda más de seis meses en cobrar las facturas emitidas.

Aunque la mayoría suele cobrar entre tres y seis meses después (43%), un porcentaje menor, un 5,34%, puede llegar a tardar más de un año en recibir el importe pendiente. ¿Qué consecuencias supone para el colectivo autónomo el impago o retraso a la hora de cobrar las facturas? Una lacra que, según el último Informe Europeo de Pagos de Intrum, inquieta al 37% de las empresas y que un 5% considera como altamente problemática.

· Pérdida de ingresos: cuando una empresa no paga a su proveedor de servicios o lo hace de forma excesivamente dilatada, su previsión de liquidez se resiente. Lo mismo ocurre en el caso del trabajador autónomo, cuya dimensión, más pequeña, hace depender su tesorería de un menor número de clientes.

· Insolvencia: La acumulación de facturas sin cobrar puede derivar en un estado de insolvencia que, como si de un espiral se tratase, bloquee al autónomo su propia capacidad de cumplimiento con sus proveedores. Se trata de un perfil cuyo acceso a fuentes de financiación externa que arriesguen capital es mucho más limitado (créditos, etc.).

· Limita el crecimiento: La pérdida de ingresos limita la capacidad de crecimiento del negocio. Desde cualquier tipo de inversión hasta la mejora de la actividad a través de la contratación de nuevos perfiles que puedan generar un mayor número de trabajo y facturación.

· Amenaza la continuidad: El cierre del negocio es la consecuencia fatal de la falta de previsión de pago de facturas. El impago sistemático de facturas es clave para la continuidad de muchos trabajadores que no cuentan con otros recursos financieros con los que obtener crédito necesario para continuar con la actividad pese al impago.

· Aumenta el endeudamiento: Desprotegido por una Ley de Morosidad que aunque establece los parámetros límites en el tiempo de pago no penaliza su incumplimiento, el autónomo debe hacer frente a la situación de impago por medios propios, aumentando el ratio de endeudamiento.

FUENTE: LA VANGUARDIA