Sala de prensa

En los últimos meses hemos oído demasiado a menudo aquello de "no sé nada", "no recuerdo qué firmé" o "las cuentas las llevaba otro" en los numerosos juicios que se están llevando a cabo en nuestro país contra personas físicas, organizaciones y entidades que están siendo investigadas por haber cometido algún tipo de conducta delictiva relacionada con el fraude o el blanqueo de capitales. Más noticias en la revista gratuita elEconomista Pymes, Autónomos y Emprendedores

Y no es que mientan del todo. Es que, en la mayor parte de las ocasiones, cuando una persona va a llevar a cabo un negocio fraudulento a sabiendas pone a la cabeza de sus cuentas y de sus sociedades a alguien totalmente ajeno al negocio. Es lo que se conoce como un testaferro, una figura muy útil para evitar ser descubierto; pero, como se está demostrando, eso es cada vez más difícil.

Antes de nada, y para evitar equívocos, es necesario destacar que si vamos a llevar a cabo un acuerdo con una organización que cuenta con un testaferro, no significa que vayamos a ser parte de una operación ilegal. En principio, esta figura se usa para firmar contratos o transacciones en nombre de otra persona y, siempre y cuando la actividad que se realice sea legal, este hecho no supone mayor problema: por ejemplo, es una figura común en muchas empresas familiares o cuando existe un conflicto de intereses si el administrador tiene relación con una sociedad de similar objeto social. Sin embargo, si el fin último del uso de un testaferro es la ocultación de la identidad, cometer un fraude o la falsedad documental, estamos hablando de algo serio. Por eso es fundamental que las pymes tengan a su disposición herramientas que permitan conocer la verdadera identidad de la organización con la que se están realizando negocios.

Los constantes movimientos hacia la globalización en el mundo empresarial e industrial hacen que las brechas para la financiación de grupos terroristas -o incluso para el blanqueo de capitales- se diluyan cada vez de forma más vertiginosa entre empresas puente o pantalla, que se suelen situar en territorios offshore y con secreto bancario o fiscalidades ventajosas para hacer más complicado su descubrimiento. Sin embargo, de la misma manera, entre las herramientas que se desarrollan para la lucha y prevención de estos delitos, las tecnológicas hacen cada vez más fácil la predicción de estas actividades y ayudan a las empresas de cualquier tamaño, pero especialmente a las más pequeñas -e indefensas- a prevenirlos y a cumplir con sus obligaciones normativas en esta materia.

Es un hecho que la tecnología ha permitido que muchas organizaciones, sobre todo las más pequeñas y algunas medianas que antes lo veían como una quimera, puedan realizar transacciones con compañías de cualquier lugar del mundo para intentar ser más competitivas y poder arañar cuota de mercado a las grandes empresas.

Sin embargo, la dificultad que entraña ser pequeño provoca, en muchas ocasiones, que se dejen de lado aspectos importantes en el ámbito del compliance; precisamente la tecnología nos dota de herramientas que incluso están externalizadas y permiten ayudar a las organizaciones a evitar ser parte de un delito: simplemente el hecho de confiar en sistemas de verificación electrónica en el proceso de identificación para saber si el proveedor o el cliente con el que estamos iniciando un negocio es la organización lícita que dice ser, puede evitarnos ser parte de actividades ilegales y, como consecuencia, sufrir una importante sanción o el menoscabo a la imagen de nuestro negocio que llevaría incluso al cierre.

En realidad, los reguladores, tanto nacionales como europeos, cuentan con una serie de medidas muy estrictas para luchar contra el blanqueo de capitales que se produce, en concreto, en empresas con testaferros que ocultan las actividades ilegales, y que cumplen con la necesidad de la identificación del titular real en ficheros compartidos en sectores como el financiero. No obstante, los criminales buscan siempre nuevos métodos para evitar la detección.

En este sentido, en nuestro país se ha producido un avance importante con el desarrollo de la Base de Datos de Titularidad Real, una herramienta inédita en el mundo, un índice único informatizado en el que se incorporan los datos de más de dos millones de organizaciones y que permite a las autoridades competentes conocer quiénes son las personas que se ocultan detrás de los testaferros, en caso de que existan, y actuar, si es necesario, contra el blanqueo de capitales, financiación del terrorismo y fraude fiscal.

Basadas en las ventajas que comporta usar la información compartida, hay otra serie de herramientas que permiten a los sujetos obligados -Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales- como joyeros, inmobiliarias, despachos de abogados, gestorías o galerías de arte, entre otros, a tomar decisiones inteligentes para su negocio y prevenir cualquier tipo de fraude que pueda menoscabar sus cuentas y su reputación mediante la identificación formal, tanto online como offline, de cualquier cliente, ya sea en el momento previo al establecimiento de cualquier relación empresarial, como parte del seguimiento continuo o en la gestión y custodia de la documentación generada con dicho cliente. Es el caso de la plataforma IdConfirma.

En definitiva, la figura del testaferro no debe echar atrás a ninguna pyme cuando vaya a iniciar un negocio con terceros, pero sí que es imprescindible utilizar herramientas de identificación formal antes de cerrar ningún acuerdo, aun cuando se trate de operaciones supuestamente de poco riesgo.

Para ello, y de forma outdoor para que resulte menos costoso, las pymes han de poner en funcionamiento nuevas prácticas y procedimientos basados en inteligencia con el fin de conocer a los clientes y averiguar el propósito de la relación de negocios como, por ejemplo, el acceso a ficheros de intercambio de información multisectorial existentes en el mercado.

FUENTE: EL ECONOMISTA