Sala de prensa

• 29 de julio de 2020

El acuerdo complica al Gobierno la promesa de derogar la reforma laboral

España debe respetar las recomendaciones que le hagan desde Bruselas, que exigirá cambios en el mercado de trabajo y en el sistema de pensiones.

El histórico acuerdo alcanzado en Europa será un balón de oxígeno para España, que tendrá en sus manos 140.000 millones de euros para hacer frente a las consecuencias de la mayor pandemia del último siglo. Pero este salvavidas conllevará una serie de contrapartidas que es probable que condicionen el programa del Gobierno de coalición, que tiene entre sus prioridades –al menos antes de que estallara esta crisis– la derogación de la reforma laboral de 2012, una medida que desde Bruselas no ven con buenos ojos, tal y como han manifestado en sucesivas ocasiones.

Para recibir el visto bueno a la utilización de este dinero, el Ejecutivo tendrá que poner en marcha una serie de reformas económicas que le marcan desde Bruselas, tal y como sucedió en la anterior crisis, ya que cada país ha de respetar las recomendaciones específicas que le hagan. En el caso de España, las imposiciones girarán en torno al mercado laboral, uno de los más endebles de Europa, a la cabeza en temporalidad y con la segunda mayor tasa de paro, y en torno a la reforma de las pensiones, con un sistema de los más generosos pero con un grave problema de sostenibilidad. Más concretamente, el Consejo Europeo insta a España a adoptar medidas «encaminadas a preservar los puestos de trabajo», con «incentivos eficaces a la contratación y el desarrollo de las cualificaciones», así como a reforzar la protección por desempleo, especialmente para los trabajadores atípicos, compromisos que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha suscrito.

Desde el Gobierno quitan importancia a esta condicionalidad de los fondos y tanto la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, como la ministra portavoz, María Jesús Montero, resaltaron este martes que «las recomendaciones de los organismos internacionales están muy alineadas con las prioridades que hemos marcado por el Gobierno» y pasan por mejorar el funcionamiento del mercado laboral, de la Administración, de los mercados y la política de redistribución. «Se trata de impulsar una serie de transformaciones que llevamos hablando de ello desde el inicio de esta legislatura: transición ecológica, impulso digital, inclusión social...», apuntó Montero desde la Moncloa.

Efectivamente, aunque en ese acuerdo nada se dice expresamente sobre la reforma laboral, a nadie se le escapa que la Comisión se ha erigido como uno de los grandes detractores de esta contrarreforma e incluso en alguna ocasión han ensalzado los beneficios que trajo al mercado laboral. Por eso recientemente Calviño se desmarcó del polémico pacto del PSOE con Bildu para derogar de forma íntegra la reforma laboral con carácter urgente, porque supone una piedra en el camino hacia Europa.

«Estas recomendaciones de Europa casan mal con el acuerdo del Gobierno y pueden generar bastantes tensiones», advierte Marcel Jansen, investigador de Fedea y profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, quien no obstante reconoce que «obviamente» el Ejecutivo tendrá la libertad de reformar el mercado laboral o de pensiones pero «no habrá espacio para contrarreformas que desnaturalicen la reforma laboral de 2012 o que deterioran la sostenibilidad del sistema de pensiones».

No lo ve así el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, quien declaró este martes que Europa «no solo no impedirá» que el Ejecutivo de coalición siga adelante con los compromisos de su programa de Gobierno, «sino que significará un enorme estímulo para continuar con las transformaciones». Tampoco se dan por vencidos los sindicatos, que insistieron en que continuarán en su empeño de derogar la reforma laboral y la de las pensiones. Por su parte, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ensalzó que la reforma laboral trajo los ERTE o la flexibilidad horario y se mostró dispuesto a mejorarla.

 

Reformas «coherentes»

Raymond Torres, director de Coyuntura y Análisis Internacional de Funcas, no cree que ahora el Gobierno esté «maniatado», sino que estas reformas deben ser «coherentes con las recomendaciones» que hagan desde Bruselas. En este sentido, resalta que ahora ya no solo tienen que tener en cuenta el impacto económico, sino social

Así, por ejemplo, si una de las promesas del Gobierno es cambiar el índice de revalorización de las pensiones -algo que se había propuesto para antes de que terminara el año- para poner fin al 0,25% y garantizar el poder adquisitivo de los jubilados, deberá incorporar alguna otra medida al sistema para cubrir los gastos, como separar las fuentes de financiación, ampliar el destope de las bases máximas de cotizaciones o retrasar la edad efectiva de retiro, propuestas que ya estaban encima de la mesa.

Y lo mismo sucedería con la derogación de los aspectos más lesivos de la reforma laboral, una negociación para la que ya se había creado una mesa de diálogo social y que estaba previsto reanudar en septiembre. Los aspectos más inmediatos de modificación, una vez que se aprobó ya la derogación del despido por absentismo, eran los relativos a la negociación colectiva y a la subcontratación, para devolver la primacía al convenio del sector -algo que si no las empresas podrían utilizar para devaluar los salarios, según advierten los sindicatos- y recuperar la ultraactividad para que no decaiga el convenio en vigor hasta que no haya uno nuevo.

«Tomaremos en cuenta todas las recomendaciones país y seguimos con nuestro calendario, con nuestra hoja de ruta, en el marco del diálogo social y con las fechas que teníamos establecidas», aseguró la ministra portavoz María Jesús Montero.