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El Congreso, a partir de un proyecto propuesto por el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, ha aprobado la Ley de Reforma de la Ley Concursal. Esta norma sitúa España a la vanguardia de la restructuración de empresas en el ámbito europeo.

El objetivo de este proyecto no es ni más ni menos que el de la transposición de la Directiva europea de reestructuración e insolvencia, e introduce otras reformas en el ámbito concursal para disponer de instrumentos ágiles y eficaces que impliquen una mejora en los procedimientos de insolvencia y más facilidad en el mantenimiento de empresas viables.

En resumen, se podría decir que el objetivo primordial de la ley es el de reforzar el tejido productivo.

Este nuevo texto incorpora cuestiones acordadas en fase de enmiendas con tal de mejorar el texto del proyecto en cuestiones tales como:

- la exoneración del crédito público, 

- la asistencia letrada en el concurso, 

- el procedimiento especial de micropymes (equilibrándolo al tamaño real de dichas empresas), o

- el favorecimiento de la posibilidad de adquisición de unidades productivas por parte de trabajadores constituidos en sociedad corporativa o laboral.

La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha destacado que se han tenido en cuenta las diferentes sugerencias de los distintos colectivos profesionales involucrados, y que han sido más de 600 enmiendas las presentadas por los grupos parlamentarios. 

Dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, este proyecto constituye una de las reformas más importantes por su complejidad, ya que favorece la demografía empresarial, refuerza el tejido productivo e impulsa el crecimiento económico.

Concretamente, se trata de un texto dirigido a garantizar tres pilares básicos:

- que las empresas viables que se hallen en dificultades financieras tengan acceso a un procedimiento efectivo de reestructuración preventiva que les permita continuar su actividad; 

- que los empresarios o personas físicas insolventes puedan ver exoneradas sus deudas después de un período razonable, favoreciendo la segunda oportunidad; y

- que el procedimiento concursal incremente su eficiencia reduciendo, entre otros factores, su duración.

Este proyecto de Ley se enfoca especialmente en las microempresas, que dispondrán de un procedimiento específicamente adaptado a sus necesidades y características, garantizando la asistencia letrada.

Sin duda alguna, la reforma recae en la importancia del contexto actual económico, marcado por los efectos derivados e la pandemia y de la guerra en Ucrania, puesto que contribuirá a minimizar los impactos sobre el tejido productivo y al mantenimiento de empresas y negocios viables.

A su vez, la “Ley Crea y Crece” incluye medidas de reducción y agilización de trámites para impulsar la creación de empresas, con la posibilidad de crear una Sociedad de Responsabilidad Limitada con 1 euro y facilitar su constitución de forma más rápida y telemática.

También se contempla un conjunto de medidas para impulsar el crecimiento de las pymes a través de la mejora y la reducción de obstáculos regulatorios y financieros, así como para luchas contra la morosidad comercial, extendiendo el uso de la factura electrónica o prohibiendo el acceso a subvenciones públicas a las empresas que no cumplan los plazos legales de pago, entre otras.

También se prevé la creación de un Observatorio Estatal de la Morosidad Privada, que publicará un listado anual de empresas morosas con más de 600.000 euros de pagos o más de un 5% de sus facturas fuera de plazo.

Con la nueva ley se potencian los instrumentos de financiación alternativa al crédito bancario para las empresas, como el crowdfunding o financiación participativa, la inversión colectiva y el capital riesgo.

FUENTE ADADE CENTRAL