La Ley de Función Pública, de Paridad, fusiones o de atención al cliente se paran
El adelanto precipitado de las elecciones por parte del
Gobierno, tras la debacle socialista del 28M, obliga a disolver las Cortes con
54 días de antelación de los comicios. Es decir: este martes. El cese de la
actividad parlamentaria deja en el aire más de 60 textos legales entre
decretos-ley, proyectos de ley del Ejecutivo y proposiciones de ley de los
distintos grupos parlamentarios. Algunos ministerios verán como de golpe sus
propuestas estrella se han quedado a tan solo un paso de ver la luz, como es el
caso de la Ley de Atención al Cliente, encabezada por el ministro
de Consumo, Alberto Garzón, que lleva en tramitación desde 2021, y que estaba
en el Senado solo a falta de votación de las enmiendas para ver la luz.
También quedará en vilo otra norma anunciada a bombo y platillo por el
Ejecutivo coincidiendo con el 8M (Día Internacional de la Mujer): el Anteproyecto
de Ley Orgánica de Representación Paritaria para lograr un 40% de
representación femenina en las esferas de la Administración Pública y la
empresa privada y que justo la semana pasada el Consejo de Ministros remitió al
Congreso para su tramitación.
La disolución de las Cortes frena la norma por excelencia del
Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030: el Proyecto de Ley de
Familias. Una norma que lleva más de un mes estancada en el Congreso (se
amplió seis veces el periodo de enmiendas) ante las discrepancias de los
partidos de reconocer como familias a las formadas por personas LGTBi. Esta
norma equipara a las parejas de hecho con los matrimonios, además de fomentar
la conciliación laboral y familiar.
Una de
las normas más polémicas de los últimos meses que se tramita en el Congreso es
el Proyecto de Ley de Función Pública, del Ministerio de Hacienda.
En esta norma, que regula las condiciones laborales de los funcionarios, el
Gobierno se arroga durante los seis primeros meses de su entrada en vigor la
potestad de modificar grupos de funcionarios, lo que le permitiría ascender a
dedo a determinados empleados públicos. Quedan en vilo normas tan relevantes
para el sector empresarial como el Anteproyecto de Ley de
Modificaciones estructurales de sociedades mercantiles (más conocida
como la ley de fusiones), la ley para fomentar las demandas
colectivas, la ley de mecenazgo o la Ley del Cine. La cartera
deja sin sacar adelante el Proyecto de Ley por el Derecho a la Defensa o
la ley de eficiencia de la Justicia. También se congela la norma para
proteger el secreto profesional del periodista.
Impuesto
mínimo de Sociedades
El Ministerio de Hacienda y Función Pública tenía previsto aprobar antes de que finalizara el año la transposición de la directiva europea que impone un tipo mínimo del Impuesto de Sociedades del 15% a grupos que facturen más de 750 millones de euros y estén en países con una imposición inferior y a la par grava a las filiales de estos grupos que estén en nuestro país con un impuesto complementario para compensar su baja imposición. La convocatoria de elecciones retrasará la puesta en marcha del gravamen, prevista para el 1 de enero.
FUENTE:
EL ECONOMISTA
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