El Ministro Escrivá avanza
que el déficit de la Seguridad Social se elevará al 2% del PIB, por la
pandemia, para volver al entorno del 1,3% a partir de 2021.
El déficit de la Seguridad
Social se disparará este año al 2% del PIB, claramente por encima de los
25.000 millones de euros debido al "impacto transitorio" de la crisis
de la pandemia de Covid-19 en las cuentas del sistema, según ha calculado el
ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, en su
comparecencia en la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo.
Este aumento del déficit
--frente al 1,3% registrado en 2019-- obedece por el lado de los ingresos a la
aminoración de los ingresos por de las exoneraciones de cotizaciones
empresariales en los ERTE y a la caída del empleo, así como a un mayor gasto
por las prestaciones de cese de actividad de autónomos o al exceso de gasto en
incapacidad temporal por las bajas por Covid-19. Así como al descenso del PIB.
Aunque todo esto es sin contar con la transferencia de 14.500 millones de euros
que el Estado transferirá este año a la Seguridad Social para costear los gastos
en los que se incurra por la crisis sanitaria.
Si bien, Escrivá ha incidido
en la transitoriedad de este mayor déficit, al calcular que en 2023, si no se
aplicara ningún tipo de reforma, en 2021 los números rojos del sistema
retornarían al 1,3% del PIB (unos 20.000 millones). Aunque, dicho esto, precisó
que esta cantidad "dependerá del volumen de transferencias adicionales del
Estado porque algunas políticas de gasto tendrán continuidad el año próximo,
pero con tendencia a la desaparición, pero dependerá del comportamiento de la
pandemia".
El titular de Seguridad
Social, compareció en el Pacto de Toledo, ante la aceleración de los trabajos
de esta comisión para cerrar sus recomendaciones para la próxima reforma de
pensiones. Pero, antes de que se produzcan dichas recomendaciones, Escrivá ya
ha avanzado que su Departamento trabaja en varias propuestas, tanto para
erradicar el actual déficit estructural del sistema como para, en el medio y
largo plazo, aumentar los ingresos y contener los gastos en relación con el
impacto del envejecimiento de la población y la jubilación masiva de los
nacidos en el baby boom.
En cuanto a las propuestas de
reforma de las pensiones para el medio y largo plazo, Escrivá ha avanzado
cuatro líneas de actuación en las que ya trabaja la Seguridad Social: la
transición progresiva hacia un sistema de tramos en el que los trabajadores
autónomos coticen por sus ingresos reales; el mantenimiento del poder
adquisitivo de los pensionistas, ligando la revalorización de las pensiones al IPC;
acortar la brecha entre la edad efectiva de jubilación (ahora fijada en 64,6
años) y la edad legal (actualmente fijada en 65 y 8 meses y que se elevará
progresivamente hasta los 67 años en 2027); y cambiar el diseño de los
incentivos de la previsión social complementaria.
Dentro de estas cuatro
cuestiones se ha referido especialmente a la intención del Gobierno de
incentivar el retraso del momento de la jubilación, bien mediante el rediseño
de las bonificaciones que recibe quién decide alargar su vida laboral o con una
estructura distinta de la compatibilidad entre el cobro de un salario y una
pensión.
"Estamos hablando de dos
incentivos --ha dicho --por un lado demorar la jubilación, lo que supondrá
generar un sistema de incentivos que induzca a trabajar más y reformar fórmulas
que permitan compatibilizar pensión y trabajo. Mientras que, la segunda línea
que Escrivá dijo que hay que abordar consiste en "corregir elementos
distorsionantes en la regulación de las jubilaciones anticipadas".
En su opinión "España es
un país que bonifica muy poco la demora de la jubilación", por lo que ha
indicado que su departamento está realizando un estudio de cómo es el mercado
de trabajo de las personas que están a punto de jubilarse, evaluando los
incentivos que existen y analizando porqué no son utilizados, "para
diseñar un sistema mejor construido".
Respecto a la futura
cotización según los ingresos reales de los autónomos, Escrivá no quiso dar más
detalles porque tiene previsto negociar el nuevo sistema de cuotas con este colectivo
a partir de la semana que viene. Aunque sí adelantó que "un buen número de
autónomos que ahora cotizan por la base mínima, cotizarán aún menos" y, al
mismo tiempo, otros tantos trabajadores por cuenta propia tendrán que cotizar
más de lo que lo hacen actualmente.
Eliminar el déficit
Dicho todo esto, para
eliminar el déficit estructural del sistema, que desde hace varios años oscila
entre los 18.000 y 20.000 millones anuales, Escrivá ha asegurado que
el Gobierno tiene claro --tal y como aconsejaron las recomendaciones del Pacto
de Toledo ya pactadas por la legislatura anterior-- que la Seguridad Social
debe traspasar al Estado "gastos indiscutiblemente impropios" que
ahora costea el sistema de pensiones con las cotizaciones de empresarios y
trabajadores por valor de 23.000 millones de euros (equivalente al 1,6% del
PIB).
En concreto, el titular de
Seguridad Social se ha referido a 11.360 millones de políticas de empleo no
contributivas que se están financiando con cotizaciones; 2.000 millones de
reducciones de cuotas (tarifas planas para autónomos u otras bonificaciones
para los regímenes especiales Agrario y de Empleadas del Hogar); otros 3.000
millones de prestaciones por nacimiento y cuidado de hijos; 1.000 millones más
del complemento de maternidad; 800 millones para cubrir lagunas de cotización;
o los 4.000 millones de gastos administrativos de gestión del sistema.
De esta forma, cuando se
excluyen estos gastos impropios se encuentra con que la Seguridad Social
"está en situación de facto de equilibrio presupuestario", ha
insistido Escrivá, quien ha añadido que "esta mala contabilidad tiene
efectos devastadores sobre la percepción del sostenibilidad del sistema y es la
mayor fuente de incertidumbre" entre trabajadores y pensionistas.
No obstante, el ministro,
aunque ha dicho que este traspaso de gastos al Estado tendrá que tener un
reflejo presupuestario no ha concretado cuál será el ritmo del traspaso, más
allá de "dar una señal" ya en los Presupuestos Generales del Estado de
2021 y, desde luego, culminar la eliminación de este desequilibrio a lo largo
de la legislatura. Llegados a este punto, pidió "ayuda" a los
diputados del Pacto de Toledo para que lleguen a un acuerdo en el que se
recomiende este traspaso de gastos al Estado y así, poder ya darle reflejo
presupuestario "cuanto antes".
En definitiva, el plan de
Escrivá para sanear la Seguridad Social y afianzar su viabilidad financiera
futura es que en 2023, los gastos impropios (23.000 millones) estén ya
transferidos a Hacienda y la pandemia esté superada. Así, con las cuentas en
equilibrio afrontará las jubilaciones del baby boom con una
palanca principal: fomentar el retraso voluntario de su jubilación.
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