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Los inspectores de Hacienda advierten de que la nueva 'tasa Google’ tiene impacto económico. La iniciativa española deberá ser sustituida por el tributo europeo cuando se ponga en marcha.

El director del Instituto de Estudios Fiscales (IEF), Alain Cuenca, ha instado esta mañana a reflexionar sobre la “posible obsolescencia del impuesto de Sociedades” ante el avance de los nuevos negocios digitales.

Así lo ha planteado durante la inauguración del XXVIII Congreso de Inspectores de Hacienda del Estado, celebrado en Alicante este jueves y viernes, que centra su ámbito de estudio en “La fiscalidad de la economía digital”.

Cuenca ha asumido que “el traslado de bases imponibles a otros países, puede que no sea un fenómeno nuevo pero el PIB crece y a ello ayuda la digitalización de la economía”, a la que considera que hay que prestar atención desde el punto de vista fiscal.

La reflexión se enmarca con el plan presupuestario que el Gobierno acaba de pactar con Unidos Podemos y que recoge la inclusión de una nueva tasa sobre las actividades digitales, que grava al 3% la publicidad online, la intermediación en línea y la comercialización de datos de usuarios.

Pese a admitir la posible conveniencia de este nuevo modelo fiscal ante el avance de los negocios digitales, desde el colectivo de inspectores de Hacienda han advertido que imponer este tipo de tributo tiene un impacto sobre la economía, tal y como recogía la OCDE en su informe de marzo, en el que se indicó que lo deseable es que este tipo de impuestos se concierten a nivel global. Un impuesto nacional puede afectar a la inversión, la implantación de empresas en un territorio o, aunque se dirija a gigantes tecnológicos, un impacto en cascada sobre los emprendedores.

A la espera de un consenso internacional que se promete complejo, las miras están puestas en que la Unión Europea arme una actuación fiscal en esta materia, lo que se abordará en la reunión del 6 de noviembre.

A falta de ver qué da de sí la cita, y ante la incertidumbre que arrojan las próximas elecciones comunitarias, se ha dejado la puerta abierta a que los países desarrollen normativas propias en este sentido, pero la OCDE y la CE establecen que deben ser de tipo “temporal” a la espera de homogeneizar medidas plurinacionales.

El consejero de finanzas del cuerpo de inspectores, Jorge Alberto Ferreras, ha señalado además que la propuesta comunitaria es que el gravamen afecte a empresas establecidas en el propio país y en terceras jurisdicciones con las que no haya convenio de doble imposición. Para aquellos estados con los que sí haya acuerdos fiscales de este tipo, la recomendación es revisar los acuerdos para hacer efectiva la medida, lo que el Gobierno español debería plantearse para hacer más efectiva su nueva tasa digital.

En este sentido, como avanzó este diario, Hacienda establecerá además un régimen sancionador para quienes modifiquen u oculten su geolocalización o IP para tratar de eludir el nuevo impuesto.

El nuevo tributo español afectará empresas con una facturación global de al menos 750 millones de euros y tres millones en España, frente a los siete millones o 100.000 usuarios que ha recogido la Comisión Europea como posible propuesta. Sin embargo, el tipo del 3%, así como aplicarlo a cada operación singular, sí casa con el planteamiento europeo.

A falta de conocer la letra pequeña de la nueva tasa española, los inspectores han explicado que, según la propuesta europea, quedarán exentos de gravamen las ventas directas de una empresa a un consumidor, los servicios de comunicación, de pago o algunos financieros así como el subyacente de las intermediaciones. Es decir, que se tributa por la intermediación entre el consumidor y el proveedor del servicio, pero no por el servicio en sí, como un transporte concreto en un vehículo o el alojamiento en otra vivienda, ha explicado el inspector Francisco Fernández.

“Si queremos servicios del estado del bienestar propios de países vecinos, necesitamos un sistema tributario justo, basado en principios de igualdad y progresividad”, ha dicho también Cuenca invitando a trabajar en una “fiscalidad con perspectiva de género”.

“Las leyes no hacen distinción pero se aplican en una sociedad con desigualdades de género. Si no se enfocan esas leyes para tratar de corregir desigualdades las estamos manteniendo y en ocasiones legitimando”, ha dicho, en un guiño a las iniciativas del Gobierno para rebajar el tipo superreducido del 4% los productos de higiene femenina, por ejemplo.