El Pacto de Toledo cierra su informe para la reforma de pensiones casi cinco años después
29 de octubre de 2020
El Pacto de Toledo cierra su informe para la reforma de pensiones casi cinco años después
Los portavoces de los grupos
consensuan un texto que se votará definitivamente el martes en la comisión
parlamentaria.
El Pacto de Toledo ha
dado este viernes un paso decisivo para cerrar sus recomendaciones para la
próxima reforma de pensiones. Los portavoces de la comisión parlamentaria han
cerrado un borrador que deberá ser ratificado el martes por el pleno de la
comisión. Bastantes grupos habrían adelantado ya su posición positiva, entre
ellos, lógicamente, los dos partidos en el Gobierno: PSOE y Unidas Podemos.
Otros, en cambio, se guardan su posición hasta la reunión del martes. Ese
parece ser el caso de ERC. Fuentes de la comisión se muestran, no obstante,
confiadas en que la próxima semana en la votación definitiva se logrará un
respaldo muy amplio.
El texto tiene 22 de
recomendaciones, incluidas una recomendación cero y una 17.bis sobre jóvenes y
Seguridad Social. En él se zanja el debate político sobre la revalorización
anual de las pensiones al vincular su evolución a los precios, siguiendo el
indicador del IPC. Pero, probablemente, el punto más significativo de esta
edición, la cuarta del Pacto de Toledo, es la recomendación número 1, que
aconseja al Gobierno y a los agentes sociales —que ahora tienen que abrir las
negociaciones para concretar la reforma dar un paso muy significativo en lo que
se llama separación de fuentes de financiación— la idea de que las
cotizaciones se centren cada vez más en financiar solo las pensiones de
jubilación, invalidez y viudedad.
Esta vía se abrió a finales
de la década de los ochenta, cuando comenzó a financiarse la Sanidad con
impuestos, y se consagró en la primera edición del Pacto. Ahora se propone dar
un paso más y que se paguen con impuestos gastos que ahora asume la Seguridad
Social, como las prestaciones de paternidad/maternidad, el complemento en las
pensiones de jubilación de las mujeres que han sido madres o los descuentos en
cotizaciones para impulsar el empleo (tarifas planas).
Los cálculos que ha
desgranado el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, en sus
comparecencias ante esta comisión elevan la cifra de estos gastos impropios a
23.000 millones de euros. Según el Plan Presupuestario remitido a
Bruselas, ya en 2021 el Gobierno pretendería empezar a dar pasos en esta
dirección. En ese boceto habría unos 11.000 millones de esa cantidad. El
periodo para acabar este recorrido sería esta legislatura, es decir, 2023.
Otros elementos reseñables
del texto que se votará el martes próximo es la apuesta por acercar la edad
real de jubilación a la legal. Si la transferencia de dinero de impuestos a la
Seguridad Social para hacerse cargo de costes “impropios” es la vía elegida
para cerrar el déficit a corto plazo, a largo sería la del aumento de la edad
real de jubilación. Esta intención ha sido adelantada por Escrivá y ve ahora su
refrendo en una de las recomendaciones, la 12. “La Comisión considera que la
edad de salida efectiva del mercado de trabajo debe aproximarse tanto como sea
posible a la edad ordinaria de jubilación legalmente establecida, respetando
los casos de jubilaciones anticipadas por actividad penosa y de personas con
carreras de cotización precarias”, apuntaba un borrador de hace unas semanas.
Hay otros elementos clásicos
del Pacto de Toledo, como el que habla de reforzar el principio de
contributividad, entendido como la existencia de una relación equilibrada entre
el importe de la prestación reconocida y el esfuerzo de cotización previamente
realizado por cada trabajador. En cambio, por primera vez hay una recomendación
sobre Juventud y Seguridad Social.
Después de la reunión,
fuentes del grupo parlamentario de Unidas Podemos apuntaban que “el nuevo texto
garantizara certidumbre a los pensionistas. El texto final de las
recomendaciones recoge los objetivos plasmados en el acuerdo de coalición, de
cara a garantizar unas pensiones dignas y un sistema público sostenible y
supone la derogación de facto de la reforma de las pensiones del PP de 2013”.
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