La Carta Social Europea Revisada es una normativa que amplía los derechos que deben garantizarse en el entorno laboral. La ratificación permitirá desarrollar nuevas medidas para mejorar la aplicación de los derechos sociales garantizados.
España ha depositado este lunes en la sede del Consejo de Europa en Estrasburgo el instrumento de ratificación de la Carta Social Europea Revisada, norma que amplía los derechos que deben garantizarse en el entorno laboral.
España firmó esta Carta revisada en el año 2000, pero la necesidad de adaptar algunos aspectos de la legislación española llevó a posponer su ratificación.
Esta ratificación permitirá desarrollar nuevas medidas para mejorar la aplicación de derechos sociales garantizados por la Carta como el derecho a la dignidad en el trabajo promoviendo la prevención frente al acoso y la violencia en el entorno laboral.
Se reafirma el derecho a la protección de las personas trabajadoras en caso de despido y el de los representantes de los trabajadores a contar con protección efectiva por parte de la empresa.
Contempla, además, el derecho a la igualdad de oportunidades para las personas trabajadoras.
Asimismo, refuerza la participación de las organizaciones sindicales, empresariales y sociales y completa el sistema de protección de derechos sociales como la protección contra la pobreza. En este sentido promueve el acceso efectivo al empleo, a la vivienda, a la formación a la cultura y a la asistencia médica. El proceso de ratificación de esta Carta ha estado dirigido por el Ministerio de Asuntos Exteriores Unión Europea y cooperación y la Vicepresidencia Tercera y Ministerio de Trabajo y Economía Social.
Con la ratificación de la Carta Social Europea Revisada, España podrá terminar de adoptar todo el sistema de la Carta Social, al que se suman tres Protocolos Adicionales. De este modo España muestra a la comunidad internacional y la ciudadanía "que los derechos sociales y el bienestar de las personas son espacios ganados para una democracia mejor en los que ya no es posible retroceder".
Por otro lado, España además continúa desarrollando el marco convencional de Consejo de Europa, de acuerdo con el compromiso con esta organización de referencia en materia de derechos humanos en nuestro continente.
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