El Consejo de Ministros ha aprobado la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2023-2027, consensuada con los interlocutores sociales y las comunidades autónomas.
Esta hoja de ruta para el desarrollo y mejora de las políticas públicas
de prevención de riesgos laborales en los próximos años es el decimoséptimo
acuerdo con diálogo social.
En consonancia con las disposiciones internacionales y europeas, la
Estrategia se ha diseñado con el objetivo de conseguir el mayor impacto posible
en la mejora de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo y con la
determinación de reducir la siniestralidad laboral, pero también procurando
anticiparse a las posibles amenazas y riesgos para la salud de las personas
trabajadoras que surgen ante un mundo laboral cambiante.
Cuenta, además, con un enfoque integral en que la protección física y
la mental se sitúan al mismo nivel. Por primera vez la salud mental constituye
un lugar prioritario en la estrategia, como también lo es apoyar a las pequeñas
empresas en la gestión preventiva o elevar el nivel de protección de los
colectivos vulnerables, entre otros.
Con ese fin, la Estrategia ha sido configurada en torno a seis objetivos estratégicos:
Estos objetivos para procurar entornos de trabajo seguros y saludables,
que contribuyan positivamente a la salud de las personas trabajadoras y al
progreso de las empresas, se desarrollan de forma práctica en un total 33
líneas de actuación, entre las que destacan acciones como la creación de la
Agenda Nacional para la Prevención del Cáncer de Origen Profesional, que
permitirá avanzar en la mejora de identificación de enfermedades profesionales.
De esto modo se podrá adaptar la normativa a la vez que mejorar la detección
temprana y prevención de las enfermedades.
En el mundo laboral tiene especial incidencia el desarrollo tecnológico
y en particular la digitalización, pero también los efectos cada vez más
acusados del cambio climático, lo que obliga a la prevención de riesgos
laborales a adaptar su normativa para identificar posibles carencias en la
aplicabilidad de nuevos modelos de trabajo, así como para mejorar y controlar
condiciones de trabajo en actividades más afectadas por los cambios
medioambientales.
Asimismo, se incorpora la integración de la edad y la diversidad
generacional en la gestión preventiva, a la vez que se refuerza la protección
de las personas trabajadoras frente a riesgos psicosociales.
Se profundizará en el estudio de los colectivos de personas
trabajadores que presenten los peores datos de seguridad y salud. De este modo
se podrán analizar los factores que las hacen vulnerables e incorporar la
prevención de riesgos laborales en otras políticas públicas.
La Estrategia pone el foco también en los trabajadores y trabajadoras
del sector sociosanitario por formar parte de uno de los colectivos que corren
mayor riesgo, como es el caso de las personas trabajadoras del Servicio de
Ayuda a Domicilio (SAD).
En consonancia con el Convenio 189 de la OIT para mejorar la protección
de las personas trabajadoras del servicio del hogar, se van a llevar a cabo acciones
que mejoren el conocimiento de patrones de siniestralidad y las patologías
relacionadas con el trabajo. Asimismo, se van a elaborar unos criterios
orientativos para la gestión de los riesgos en los servicios de asistencia a
domicilio y personas trabajadoras del servicio del hogar, con especial atención
en los aspectos ergonómicos y psicosociales.
A la hora de reducir la brecha de género también en mundo de la
seguridad y salud en el trabajo, se precisa avanzar en el conocimiento de los
riesgos y daños en la salud desde la perspectiva de género.
Existen determinadas ocupaciones o actividades en los que son las mujeres las que corren el riesgo de sufrir daños asociados a la actividad profesional. Es por ello que, para conseguir una integración de la perspectiva de género en la gestión preventiva, se va a incorporar esa perspectiva en los procesos de evaluación de riesgos y los estudios sobre las condiciones de seguridad laboral.
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