A partir del pasado 13 de junio de 2023, las empresas con más de 250 empleados están obligadas a establecer un canal de denuncias interno. Esta nueva medida se deriva de la Ley 2/2023, que tiene como objetivo regular la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción.
Según la ley, las
empresas, administraciones y organismos tienen diferentes plazos para
implementar el canal de denuncias, dependiendo del número total de empleados.
Las empresas con más de 250 empleados y todas las organizaciones del sector
público (excepto los municipios con menos de 10.000 habitantes) deben tener ya
su canal de denuncias implementado.
El
incumplimiento de esta obligación se considera una infracción grave y puede
resultar en sanciones económicas que van desde los 30.001 hasta los 300.000
euros.
Además,
la Autoridad Independiente de Protección del Informante (A.A.I.) tendrá
la facultad de:
FUENTE ADADE CENTRAL
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