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Montero considera que hay que revisar las bonificaciones de las empresas, que hoy aportan la mitad que hace diez años.

Las empresas pagan en España unos impuestos similares a los de los países del entorno, dicen los expertos, pero según el Ministerio de Hacienda deberían aportar más a las arcas públicas. Es por ello que el Gobierno prepara, en la línea del fallido plan presupuestario para 2019, una batería de medidas para aumentar la recaudación, entre las que destacan las del Impuesto de Sociedades, pero que también pasan por el IRPF y el Impuesto de Patrimonio. Una revisión de la «totalidad» del impuesto al que están sujetas las empresas en España y de los beneficios fiscales de los que disfrutan, con el objetivo de que las más grandes aporten más, según lo que planteó la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en una intervención hace pocas semanas en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander.

Pero no se quedó ahí. Unos días después aludió a la revisión de las bonificaciones y exenciones de las empresas ya que, con los últimos datos de la Agencia Tributaria, aportan hoy la mitad que hace diez años. Esa cifra tiene truco, dicen desde el Consejo General de Economistas (REAF), que en su último estudio sobre el Impuesto de Sociedades alegan a que la recaudación de 2007 -último año antes de la crisis- fue «claramente excepcional» si se revisa la serie histórica.

Sea como fuere, ya en el Programa de Estabilidad 2019-2022 que el Gobierno remitió a Bruselas en abril se puso encima de la mesa la limitación de las exenciones para evitar la doble imposición, que resultan de la aplicación a los dividendos y plusvalías generados en el exterior por su participación en filiales. Así, el Gobierno apuesta por rebajar del 100% actual al 95% la exención en el pago de impuestos que se aplica sobre los dividendos netos de las filiales extranjeras de compañías españolas.

Para algunos expertos en tributación este recorte de la exención a filiales supondrá incurrir en una doble imposición a las grandes empresas. «Si los dividendos que ya vienen tributados del extranjero tienen que volver a hacerlo en España, es claramente una doble imposición», explica a este periódico Abel García, miembro de Aedaf (Asociación Española de Asesores Fiscales) y socio de un despacho de Abogados.

En su opinión, las revisiones fiscales que plantean los gobiernos a mitad de año «suelen ser por motivos recaudatorios más que por auténtica política fiscal, por lo que son siempre desaconsejables». Alerta además de que si las empresas tienen que pagar más impuestos, puede darse el caso de que prefieran deslocalizarse, en línea con lo que advirtió la patronal de empresarios (CEOE) cuando conoció los planes de Hacienda de subir el tipo mínimo en Sociedades. «Si queremos más empleo y natalidad, las empresas tienen que poder pagar mejores sueldos, y para ello tienen que ser rentables», asegura García.

Cabe recordar que los planes de la ministra Montero pasan por exigir una tributación mínima de un 15% sobre la base imponible del Impuesto de Sociedades. Este porcentaje subirá al 18% para entidades bancarias y compañías de explotación de hidrocarburos. La medida -que no ha visto aún la luz porque los Presupuestos de 2019 no se tramitaron por falta de apoyo parlamentario pero que la ministra sigue teniendo en mente- afectaría a las grandes compañías que facturen más de 20 millones. La cara amable se la llevaban las pequeñas y medianas empresas que facturen menos de un millón, que verían reducida su tipo nominal en Sociedades del 25% al 23%. El objetivo es «favorecer a las pymes, tan importantes en nuestro modelo productivo», defiende el documento del Ejecutivo.

Desde el sindicato de técnicos de Hacienda (Gestha) coinciden con al ministra en la «necesidad» de revisar el Impuesto de Sociedades, pero abogan por establecer un tipo mínimo efectivo de, al menos, el 15% sobre el beneficio de los grupos, lo que permitiría recaudar casi 11.000 millones anuales, y no sobre la base imponible como plantea del Gobierno. El presidente de Gestha, José María Mollinedo, incide en que los ingresos por Sociedades no han alcanzado aún los niveles pre-crisis, ya que el año pasado supusieron 25.850 millones de euros, frente a los 47.450 millones de 2007.

La amplia lista de bonificaciones fiscales para las empresas suman casi 3.500 millones, según calcula Hacienda en su proyecto de Presupuestos para 2019. Entre los más destacados, las deducciones por actividades de I+D e innovación tecnológica (355 millones previstos para 2019), reducciones por la reserva de capitalización (344 millones), tipos reducidos de gravamen (547 millones), deducciones por inversiones en Canarias (216 millones), por donaciones (127 millones) o las bonificaciones por prestación de servicios públicos locales (117 millones), entre muchas otras.

Más allá del Impuesto de Sociedades, Hacienda también trabaja en la subida del IRPF para las rentas altas, para aprobarlo cuando se forme Gobierno. La idea es que los ciudadanos con rentas superiores a 130.000 euros aumenten el tipo impositivo en dos puntos, mientras que los de más de 300.000 lo hagan en cuatro. Además, se incrementará al 1% el Impuesto de Patrimonio para más de 10 millones de euros.

El nuevo impuesto previsto por el Ejecutivo sobre Transacciones Financieras ('tasa Tobin') gravará con un 0,2% las operaciones de compra de acciones españolas ejecutadas por operadores financieros. Esta tasa solo estaría dirigida a las empresas cotizadas cuya capitalización bursátil sea superior a 1.000 millones, por lo que no se gravará la compra de acciones de pymes. Su recaudación iría directamente destinada a la Seguridad Social para pagar las pensiones, anunció la ministra.

Otros impuestos revisados, en este caso a la baja, como el IVA de productos de higiene femenina (del 10% al 4%), los servicios veterinarios (del 21% al 10%) o los libros y periódicos electrónicos (del 10% al 4%, igual que en papel) quedaron en el tintero con la caída de los Presupuestos, por lo que el Ministerio de Hacienda también los tiene en la casilla de salida para aprobarlos en la próxima legislatura.

Una de las sorpresas del documento programático que ha publicado el PSOE de cara a las negociaciones para formar Gobierno es una gran ausencia en su política fiscal: la 'tasa Google'.

El impuesto sobre determinados servicios digitales que fue propuesto en tiempos de Cristóbal Montoro y continuado por María Jesús Montero, se menciona en el programa pero solo comprometiéndose a «promover» la creación de la tasa «en el ámbito europeo».

Es decir, todo indica que España va a esperar a que se acuerde un modelo a nivel mundial para 2020, tal y como acordaron los representantes del G20 el mes pasado, entre los que se encontraba la ministra de Economía, Nadia Calviño.

FUENTE: LAS PROVINCIAS