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La norma entra en vigor el lunes 17 y las plataformas deben estar operativas.

Las entidades financieras han tenido tres meses para adaptar sus contratos a la nueva norma de crédito hipotecario, así como sus sistemas informáticos. No obstante, tanto la banca, como los notarios admiten que el arranque no va a ser fácil. La nueva ley hipotecaria entra en vigor el próximo 16 de junio, que como es domingo será efectiva el próximo lunes.

Para colmo, estos días ha habido una polémica entre los notarios que defienden el uso de su plataforma propia, Ancert, para que los bancos les hagan llegar los contratos, y las asesorías y gestorías privadas y de los bancos, que apoyan el uso de plataformas de otras empresas, como Indra o grupo BC.

Los bancos han tenido tres meses para adaptar sus sistemas informáticos a la norma

En cualquier caso, Santos González, presidente de la Asociación Hipotecaria Española (AHE), explica que “no podemos asumir el riesgo de que no se firmen hipotecas y generar inseguridad jurídica en un mercado tan importante”. De ahí, añade que “todas las partes están haciendo un gran esfuerzo para que las operaciones se realicen con completa normalidad desde el primer día”. En varias notarías admiten que la banca se ha apresurado a adelantar firmas ante las incertidumbres que se avecinan.

Desde Banco Santander apuntan que la ventaja de utilizar la red notarial es “la trazabilidad de los datos y los plazos, así como la velocidad de conexión”. Por el contrario, como desventaja manifiestan que “el sector tendrá que acostumbrarse a los nuevos procedimientos”. Desde el banco que preside Ana Botín no se descarta que la entrada en vigor de la nueva ley retrase algo la firma de hipotecas “hasta que las partes implicadas se acostumbren a los nuevos trámites y formas de proceder”.

Bankia ha optado por usar la plataforma del grupo BC, que en un futuro podrá conectarse con la de Ancert. No obstante, fuentes del banco que preside José Ignacio Goirigolzarri admiten que se abre “un periodo transitorio” con el arranque de la nueva ley. El grupo Kutxa o el Banco Sabadell operan con distintos proveedores; mientras que en Ibercaja se sigue trabajando para acceder directamente a la red notarial.

Para Manuel L. Pandiñas, expresidente del Consejo General del Notariado, “la polémica se ha montado porque la actual dirección del Consejo de Notarios considera que la banca debe remitir a los notarios toda la información mediante su aplicación notarial”. A su juicio, “inicialmente , en la primera redacción era así: había monopolio. Después, en el texto definitivo de la ley, cada entidad financiera puede decidir la plataforma que utilizará para enviar la información a uno de los 2.800 notarios que existen en España”.

La ley inclina la balanza a favor del hipotecado

Según Santiago Bellver, presidente de la Asociación Española de Sociedades de Externalización de Procesos y Servicios para Entidades Financieras (Aeproser), “algunos bancos, las cajas rurales, las cooperativas de crédito y otros prestamistas de menor dimensión han optado por otras plataformas alternativas”. Mientras que desde el Consejo General del Notariado aseguran que los bancos grandes se han sumado a su iniciativa.

Desde Bankinter apuntan que “el banco está preparado para la entrada de la nueva normativa”. Y recuerdan que “asumen los gastos, salvo la tasación, desde que se anunciaron las modificaciones”. Algo similar lleva a cabo CaixaBank, entidad financiera que asumió el pago de los gastos asociados a la hipoteca desde unos días antes de que se conocieran los cambios.

La ley inclina la balanza a favor del hipotecado y, por ejemplo, obliga a los bancos a pagar todos los gastos de gestión, salvo la tasación. El resto de los gastos, léase gestoría, impuesto de actos jurídicos documentados, notaría y gastos del registro, será abonado por los bancos. Otra de las novedades importantes es que la nueva norma dice adiós a las cláusulas suelo, con el objetivo de que los clientes se puedan beneficiar de las caídas del euríbor. La nueva ley también protege más a los hipotecados en caso de embargo.

Tras casi tres años de retrasos, la nueva ley de contratos de crédito inmobiliario se aprobó el 22 de febrero. Después, se publicó en el BOE el 16 de marzo. Con una enmienda del PP se aplazó tres meses su entrada. Finalmente, el Consejo de Ministros finalizó la transposición de la directiva el 26 de abril, con el desarrollo reglamentario a través de un real decreto y una orden ministerial.

FUENTE: LA VANGUARDIA