Sala de prensa

Juan Antonio Frago, Fiscal de delitos económicos y especialista en descapitalización de empresas | El jurista alerta de que la mayoría de las firmas desconocen sus obligaciones o el alcance de las multas a las que se pueden enfrentar. Se encontró con caras de sorpresa durante su conferencia 'Responsabilidad penal de las personas jurídicas. Medidas preventivas'. Según explica, la mayoría de las compañías, sobre todo pymes, desconocen sus obligaciones para evitar crímenes de este tipo dentro de sus organizaciones, además de ignorar las graves consecuencias de los mismos.

-Yo estaba viendo caras de sorpresa y creo que realmente no eran conscientes de las obligaciones legales que están surgiendo y que van muy encaminadas a evitar que las empresas y organizaciones en general sirvan de escudos para que los socios o administradores cometan delitos.

-No, no lo están haciendo o no conocen el alcance de las obligaciones y las posibles sanciones que pueden afectar a su organización. Ha habido ya una condena de 775 millones de euros por este tema, pero las hay que superan el millón y los cinco millones de euros, incluso se ha llegado a la disolución de la organización. Por organizaciones me refiero no sólo a sociedades mercantiles, sino también a partidos políticos, sindicatos, fundaciones, asociaciones, cooperativas, etcétera. Queda mucho por hacer, de hecho las empresas muy grandes sí están bastante concienciadas pero echo en falta bastantes más jornadas de concienciación para pymes.

-Los más frecuentes son la estafa y el delito fiscal contra la Hacienda pública. Eso son los superiores estadísticamente, pero también están ganando las insolvencias concursales, el fraude de subvenciones y el delito contra la Seguridad Social

-Esto no hay que verlo como un gasto más, sino como una inversión en la mejora, protocolización del funcionamiento de la empresa y, por supuesto, como la evitación de sanciones penales o administrativas.

-La cibercriminalidad es una de ellas. De hecho, se dice que el montante de dinero negro generado por esta vía ya supera el del tráfico de drogas.

-Falta mucho en formación de jueces, fiscales y policía judicial, pero también en cuanto a la prevención del fraude interno. El 60% del fraude que se comete en las organizaciones lo ejecutan otros administradores o empleados que consiguen transferencias indebidas de su organización hacia sus bolsillos.

-Más que reformar el Código Penal, hace falta esfuerzos de formación y de concienciación en cuanto a la represión de los delitos existentes. Tal vez habría que elevar las penas de algunos delitos económicos concretos como, en mi opinión, el delito fiscal, contra la Seguridad Social y el fraude de subvenciones. Además, lo verdaderamente importante es actualizar la Ley de Enjuiciamiento Criminal, garantizando una instrucción rápida, dado que tenemos un sistema de investigación del siglo XIX. Además, en 2020 se pone en marcha la fiscalía europea y no estamos armonizados para funcionar en consonancia.

-La fiscalía está pasando a instruir las investigaciones criminales ya en toda América y en casi toda Europa y es la única que puede garantizar una correcta investigación en delitos tan complejos. De este modo, se atribuyen casos concretos a funcionarios concretos y no de una manera generalista como ocurre en la instrucción judicial, donde un juez lo mismo investiga una alcoholemia que un fraude a la Seguridad Social o un accidente laboral, no permitiéndole tener la profundidad de conocimiento que sí puede aportar la fiscalía. De hecho, no es casualidad que la UE haya optado por crear una fiscalía europea para la represión de delitos económicos.

-El más habitual es que uno de los administradores consiga mediante algún artificio desviar patrimonio de la empresa hacia su propia cuenta bancaria, como simulando la necesidad de unos pagos de gastos de gestión o de representación que en realidad no existen. Es decir, gastarse dinero de la empresa en cuestiones puramente personales, como abonos a entidades deportivas.

-En España las penas son mucho más bajas y sobre todo no teníamos hasta hace pocos años la cultura de represión de los mismos. Es una cuestión que se está revirtiendo poco a poco, porque lo cierto es que cada vez más empresarios están ingresando en prisión y no era su destino hasta hace poco tiempo.

FUENTE: LAS PROVINCIAS