La situación económica y las crecientes dificultades de las pymes para acceder a financiación elevarán el número de procedimientos concursales a partir de septiembre, advierte la patronal de las pequeñas y medianas empresas.
La moratoria concursal, el balón de oxígeno aprobado en marzo de 2020 y prorrogado a medida que se prolongaba la crisis del covid-19, llega hoy a su fin sin una nueva prórroga ni una nueva ley concursal en tramitación, pero con una nueva crisis en ciernes.
El foco puede estar en Abengoa, que sin el rescate de la SEPI está abocada al mayor concurso de acreedores de la historia de España, con 6.000 millones de deuda y 5.000 empleados. Pero las pymes que componen el 98% del tejido empresarial advierten de que, sin las prórrogas y el marco legal que agilice y abarate los procesos, es de esperar que se produzca un fuerte aumento de los concursos empresariales en septiembre.
"Los empresarios con su negocio en estado de insolvencia tendrán la obligación de solicitar la declaración formal de concurso de acreedores y del mismo modo, los acreedores, después de más de dos años de moratoria, podrán poner en marcha dicho procedimiento para solicitar el pago de sus deudas", explica la patronal de las pymes Cepyme.
El aumento de los cierres empresariales no comenzará a notarse hasta después del verano, sumándose así a la lista de indicadores que apuntan a que el próximo otoño llegará con un cúmulo de situaciones conflictivas desde el punto de vista económico. Según Cepyme, durante el mes de septiembre será cuando se presente la mayoría de los procedimientos debido a que agosto es un mes inhábil en los juzgados de lo Mercantil y al plazo de dos meses para la presentación voluntaria del concurso.
En este sentido, resulta llamativa la iniciativa pactada para facilitar la supervivencia de proyectos empresariales que siguen siendo viables, a pesar de estar atravesando una fase de insolvencia, mediante el rescate por parte de los propios trabajadores, constituidos en sociedad laboral o cooperativa.
El texto señala que las personas trabajadoras interesadas en la sucesión de la empresa podrán llevar a cabo una propuesta de adquisición de una empresa en concurso mediante la constitución de sociedad cooperativa, laboral o participada, y que esta proposición será priorizada cuando "la oferta sea igual o superior a la de las demás propuestas alternativas presentadas siempre que ello atienda al interés del concurso, considerando en el mismo la continuidad de la empresa, la unidad productiva y los puestos de trabajo, entre otros criterios".
La vía para evitar un aumento radical de las insolvencias será la nueva ley concursal, que, aunque fue aprobada por el Consejo de Ministros el pasado 21 de diciembre, que debate y vota hoy el pleno del Congreso. El objetivo de la nueva norma es promover los acuerdos entre deudores y acreedores antes de que se declare el concurso de acreedores, lo que en definitiva supone que se podría esperar menos concursos de acreedores de los que habría con la regulación anterior. Por este motivo, en el Colegio de Gestores Administrativos piensan que muchos empresarios en esta situación esperarán a que se apruebe la nueva ley para comprobar si hay plazos de adaptación y a qué ley se van a acoger los próximos concursos hasta que la nueva ley esté plenamente en marcha.
La normativa en torno a los concursos empresariales coincide con un informe del Banco de España sobre la situación financiera de las pymes en el que indica que las pequeñas y medianas empresas notan ya los efectos de la política de endurecimiento monetario. Aunque la financiación vía créditos no es un problema "preocupante", la mejoría en el grado de accesibilidad al crédito bancario se ha interrumpido con un notable aumento del coste de solicitar préstamos. Las pymes, según el Banco de España, anticipan un deterioro del acceso a la financiación que proyectan al menos hasta septiembre.
FUENTE: EL MUNDO
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