La patronal de la pequeña y mediana empresa (Cepyme) denunció ayer la existencia de más de 100 obstáculos [regulaciones] laborales, fiscales y burocráticos que les impiden crecer a estas compañías y competir en condiciones de igualdad con sus rivales de la Unión Europea.
“Las
[pequeñas y medianas] empresas no crecen porque hay más de 100 regulaciones de
tipo fiscal, laboral, contable, financiero, de seguros y competencia que
desalientan este crecimiento”. Así introduce Cepyme, la patronal del sector,
los problemas para ganar tamaño que tienen estas empresas en su informe sobre
La situación de las pymes en España comparada con la de otros países europeos.
Por
ejemplo, problemas con la regulación laboral, como la obligación de tener un
comité de empresa de cinco personas al tener una plantilla de 50 personas. Por
lo tanto, abre la vía a que entren los grandes sindicatos CCOO y UGT. Y también
un plan de igualdad para los trabajadores de ambos sexos. Con diez empleados,
la sociedad ya está obligada a nombrar un delegado de personal con quince horas
mensuales remuneradas de actividad sindical.
En el
capítulo de los costes laborales, Cepyme subraya que el coste para el empleador
de contratar un trabajador con el salario mínimo de 1.080 euros mensuales es de
1.654,38 euros al mes, teniendo en cuenta las cotizaciones sociales y las dos
pagas extraordinarias.
En el
orden laboral también, la patronal de la pyme, integrada en CEOE, se queja del
coste del absentismo laboral. “El absentismo es un problema cada vez más grave
en las empresas españolas. Mientras a comienzos del corriente siglo se perdían,
de media, menos de 70 horas anuales de trabajo por cada asalariado, en los
últimos tres años fueron más de 100. En 2022, se alcanzó un nuevo máximo de 113
horas, que superó incluso las 108 horas de 2020, en plena emergencia
sanitaria”, dice el informe de Cepyme.
Fiscalidad
perjudicial
En el
orden fiscal para las compañías, los empresarios colocan a España en el cuarto
lugar por la cola de los países de la Unión Europea y del espacio económico.
Así, a partir de una facturación de 6 millones “no se pueden presentar balances
simplificados si la empresa tiene activos de más de 4 millones, ventas de más
de 8 millones y más de 50 trabajadores.”
A
partir de los 10 millones de facturación, las pymes pierden incentivos en el
Impuesto de Sociedades y tienen la obligación de auditar las cuentas.
Cepyme
también destaca que “cada año una marea de normas cae sobre las empresas”. Así,
los empresarios explican que, en 2022, las distintas administraciones aprobaron
849 normas de ámbito nacional, 340 leyes autonómicas y 2.249 normas
comunitarias”. Y “muchas de ellas no tienen en cuenta las particularidades de
las pymes”.
Por lo
tanto, el informe destaca que “la mayor presión tributaria, las normas
laborales más rígidas, el mayor absentismo y la carga burocrática hacen que la
pyme española sea menos rentable” que sus competidoras europeas. “La menor
rentabilidad de las pymes españolas no propicia la acumulación de capital y,
por ende, es un obstáculo para su crecimiento”. Y, además, es un problema que
ocurre en muchos sectores, como en las manufacturas, el comercio, la hostelería
o la construcción.
El
informe subraya que la preponderancia en la economía española de la pyme y, más
específicamente, de la pequeña empresa, es la razón de numerosos problemas a la
efectividad de la economía española. Por ejemplo, estas sociedades “tienden a
mostrar una productividad (producción o ventas por ocupado) más baja”.
Este
problema de la productividad hace que un mismo salario mínimo resulte más
gravoso para estas empresas y que “aprovechen de manera limitada las economías
de escala”. Además, que tenga una capacidad económica pequeña hace que haya
mayores dificultades para cubrir las vacantes laborales.
Por
todas estas razones, la patronal estima que, si España tuviera la misma
composición media que Europa en la dimensión y el tipo de empresas, se crearían
al menos 1,2 millones de empleos y el PIB aumentaría un 5%. Además, Cepyme
calcula que las ventas subirían en 218.000 millones de euros; la masa salarial
se expandiría en unos 29.500 millones de euros y la recaudación en impuestos
subiría en 21.000 millones de euros.
Costes
de la fusión
Por lo
tanto, entre otras demandas, los empresarios piden al próximo Gobierno
deducciones fiscales que compensen los costes de fusionarse, y un régimen
temporal específico que brinde facilidades laborales, tributarias y rebaje la
burocracia. En este sentido, la patronal de la pyme reclama al próximo Gobierno
un marco normativo específico para estas empresas.
Además, Cepyme demanda la financiación alternativa a los créditos bancarios con el fin de permitir la aceleración y consolidación del crecimiento de proyectos. En definitiva, medidas que favorezcan la inversión en las pymes españolas.
FUENTE: Expansión
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