En la nueva reforma del RETA presentada a los agentes sociales, los rendimientos netos más bajos pagarán una cotización del 36%, la más elevada.
Los autónomos se han puesto en pie de guerra contra la nueva reforma del Régimen Especial del Trabajador Autónomo (RETA) que el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, presentó de improviso a los agentes sociales en un apéndice del último borrador presentado sobre la reforma de las pensiones.
Esta propuesta sobre el cambio a un sistema de cotización por ingresos reales, que se estaba negociando con las asociaciones de autónomos hasta que el Ministerio decidió presentar una iniciativa unilateral y sin avisar, ha provocado dos reacciones, y ambas negativas: la primera, la acusación directa contra Escrivá de deslealtad en la mesa de diálogo –que provocó que por parte de CEOE se cancelara la mesa de las pensiones prevista para el pasado lunes–; y una segunda, que la presunta apuesta por la progresividad en las cotizaciones que había prometido el ministro, no era tal como se preveía.
Según el borrador presentado a patronal y sindicatos, el sistema de tramos resultaría en la práctica regresivo en vez de progresivo, además de provocar la polémica tras la intención del Gobierno de que los trabajadores por cuenta propia destinen en torno al 30% de sus rendimientos netos al pago de cotizaciones a la Seguridad Social, independientemente de si se encuentran en la tabla más baja o en las más alta.
Es más, en la tabla ministerial de rendimientos netos, todos los que coticen en el RETA deberán destinar en torno al 30% de sus rendimientos netos –el que corresponde a todos sus ingresos anuales menos sus gastos corrientes– a pagar sus cuotas.
Pero la peor parte se la llevarían los trabajadores con los rendimientos del tramo más bajo, el que corresponde a 3.000 euros o menos al año, que deberían abonar 200 euros al mes, el porcentaje más alto de toda la tabla.
El objetivo que se marcó Escrivá fue evitar que los autónomos puedan elegir sus bases de cotización para que dejen de tener la opción de cotizar por el mínimo, lo que provoca que su cuota efectiva sea muy inferior a su renta y sus pensiones futuras muy bajas.
Pero quería hacerlo con una absoluta progresividad: los que más ganen deberán pagar más, algo que no se cumple con esta propuesta.
En base a los 13 tramos de cotización sobre rendimientos netos que ha elaborado el Ministerio, un trabajador por cuenta propia que obtenga unos rendimientos de hasta 3.000 euros deberá abonar en 2031 una cuota anual de 1.080 euros –90 euros al mes–, lo que supone el 36% de sus ingresos, el más elevado de toda la tabla aún siendo el que menos rendimientos acumula.
Una situación que en 2023, el primer año del periodo de transición, sería aún peor, ya que debería abonar 2.400 euros anuales, casi el 80% de lo que gane en un año.
Esto ha provocado que Lorenzo Amor, presidente de ATA, haya espetado a los representantes ministeriales que su sistema «provoca que, al final, estemos trabajando para la Seguridad Social».
Con este sistema, los que se verán más beneficiados serán aquellos que se engloben en el tramo correspondiente a unos 22.000 euros de rendimiento neto. que abonarán al año 3.660 euros en cuotas, solo el 16,60% de su cotización sobre sus rendimientos. Si se compara con los de 3.000 euros o incluso con los de 9.000 –estos acabarían pagando 2.220 euros al año, el 24,7%–, la progresividad brilla por su ausencia.
Si nos centramos en aquellos que se sitúan en el tramo más alto, los que ingresen más de 49.000 euros, al final pagarían el 29,9% de cotización sobre sus ingresos, es decir, se situarían prácticamente en la media que quiere alcanzar Escrivá. Pero eso sería casi 15.000 euros al año, 1.220 euros al mes en 2031, alrededor de 10.000 euros más de lo que pagan ahora.
Esta nueva normativa también ha enfrentado a las propias asociaciones de autónomos. Primero a cuenta del periodo de transición. Mientras ATA defiende que en nueve años «permite adaptarse de forma gradual», para UPTA la conversión debería hacerse en solo tres porque se desvirtúa la razón de este sistema. «No podemos ni vamos a consentir que esta regularización dure nueve años, se tiene que llevar a cabo como máximo en tres años», advirtió Abad.
Segundo, en el número de tramos, excesivos para ATA, porque entiende que «se deberían establecer seis o siete tramos como mucho y no 13.
Desde la mitad del salario mínimo del primer tramo y a partir de cinco veces el salario mínimo en el máximo. Y si hay algún autónomo que con rendimientos inferiores quisiera cotizar más, se tendría que permitir», defiende Amor. Por contra, Eduardo Abad, presidente de UPTA, cree que esos 13 tramos «permiten a los autónomos adaptar sus cotizaciones de una forma más real».
En lo que sí están de acuerdo los dos es en rechazar la propuesta de Escrivá de forma general, por no haber sido negociada y porque no es progresiva ni inclusiva.
Para Amor, el error de bulto es «desconocer absolutamente cómo funciona un autónomo. No se puede confundir rendimientos netos de un autónomo con salarios de los trabajadores. No se puede igualar la cotización de un rendimiento neto a la de un salario. Es absurdo».
Por su parte, Abad reprochó al ministro Escrivá que el nuevo sistema «debe ser una invitación a la salida de la economía sumergida, no al contrario, y ello exige abaratar cuanto más mejor los esfuerzos económicos que tienen que realizar los autónomos y no gravar a los más débiles».
En este sentido ambos han comunicado al Ministerio que los saltos de cotización pueden incentivar el fraude y la economía sumergida, ya que se han establecido cuotas que no tienen en cuenta los rendimientos marginales, los que implica fuertes saltos de cotización que pueden provocar que se busque reducir el rendimiento neto para poder intentar abaratar la cuota.
La oposición en el pleno del Congreso de los Diputados aprovechará la sesión de control al Gobierno del próximo miércoles para exigir detalles de los planes del Ejecutivo sobre las reformas en el mercado laboral, de pensiones y para el sistema de cotización de autónomos, con hasta cinco preguntas dirigidas a la vicepresidenta de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y a José Luis Escrivá.
Las preguntas sobre los planes de Escrivá sobre autónomos procederán de PP y Vox. «¿Tiene alguna otra sorpresa preparada para los autónomos?», preguntará la diputada Macarena Montesinos, del PP, al ministro competente de la Seguridad Social, mientras que Inés Cañizares, de Vox, cuestionará a Escrivá: «¿Qué va a hacer el Gobierno por los autónomos?».
FUENTE: LA RAZÓN
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