La banca advierte de que las estrictascondiciones y la burocracia fijadas por el Gobierno harán muy complicado quelleguen a muchos de sus potenciales destinatarios
“Han fijado [elGobierno] casi más requisitos para conceder un préstamo de 5.000 euros a unparticular que para dar uno de 100 millones a una gran empresa”. Con esta frase tan gráfica define una fuente del sectorbancario la maraña burocrática a que, según coinciden en admitir variosconsultados, se van a enfrentar aquellas familias en situación devulnerabilidad afectadas por el coronavirus que vayan a solicitar uno delos microcréditos articulados por el Gobierno para ayudarles a pagarlos próximos seis meses de alquiler. Tal es el compendio deexigencias, que estas fuentes dudan de que el plan vaya a funcionar.
Sobre el papel, los requisitos básicos paraacceder a estos préstamos que cubrirán un máximo 900 euros mensuales duranteseis meses -5.400 euros como máximo- son sencillos. Se resumen en haber sufridoel arrendatario o un miembro de su unidad familiar una reducción de ingresospor el Covid-19; que los ingresos de la unidad familiar no superen en el mesanterior a la solicitud de la ayuda cinco veces el Iprem (2.689,2 euros); quela renta del alquiler más los gastos y suministros básicos sean igual osuperior al 35% de los ingresos netos de la unidad familiar; y no ser, ni elarrendatario ni ningún miembro de la unidad familiar, propietario ousufructuario de ninguna otra vivienda.
Pero cuando se profundiza en los detalles, “te dascuenta de que las condiciones son muy duras y no sabes hasta que punto se va apoder pedir esto”, explican estas fuentes. Además, añaden losconsultados, la cantidad de documentos que se exigen para certificarque se cumplen las condiciones para hacerse acreedor del crédito complican todoaún más. “Han hecho tal burocracia que habrá que ver quienes lopiden”. Certificados de la Agencia Tributaria, del Registro de la Propiedad ode la entidad gestora de las prestaciones por desempleo son algunos de losdocumentos necesarios para acceder a estos préstamos, que no suponen ni gastosni intereses para quien los soliciten, que, además, contarán con un plazo paradevolverlo de seis años, con posibilidad de una prórroga de cuatro años más.Aunque se empezarán a conceder ahora, tienen carácter retroactivo desde el 1 deabril.
Los consultados aseguran que el sector bancario le hatransmitido al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, del quedepende Vivienda, estos problemas. Aseguran que han estado tratando hasta elúltimo momento de convencerlos para que cambiaran los requisitos. Sin embargo,no han logrado grandes avances, según explican. Pese a ello, reconocen que lamayoría de las entidades acabarán adscribiéndose a los convenios con el ICO,el encargado de avalar los préstamos, para los que el Estado ha dispuesto unafinanciación de 1.200 millones de euros.
La banca lamenta que este tipo de ayudas, como ya les haocurrido con otras como la moratoria hipotecaria, generen frustración yenfado entre los ciudadanos. “La gente se enfada con nosotros por lacantidad de papeles que les pedimos, pero las condiciones no las fijamosnosotros”, insisten. En el caso de la moratoria, sus resultados también estánsiendo los esperados, aseguran desde algunas organizaciones sectoriales. Segúndatos recabados por la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin), sólo uno decada diez de sus potenciales beneficiarios se está beneficiando de la medida,que establece un aplazamiento de capital e intereses durante 3 meses.El plazo de amortización de la hipoteca se alarga a su vez por 3 meses demanera que no se incrementa la carga financiera del cliente.
Autónomos y pymes también han mostrado en todo momento sudesacuerdo con este tipo de financiación para salvar sus negocios y se quejan de que el Gobierno se limite a buscarsoluciones que van siempre dirigidas hacia su endeudamiento. “Los autónomos noquieren microcréditos. Nosotros siempre hemos estado en contra de esto. Lo quese necesitan son ayudas directas, que solventen la situación límite que vivenestos trabajadores”, se queja Lorenzo Amor, presidente de ATA. “Losrequisitos que se han impuesto no van a poder cumplirlos la mayoría de losautónomos. Justificar una caída del 75% de la facturación del últimomes respecto a la media del trimestre del año anterior para poder solicitar lamoratoria del alquiler es prácticamente imposible de cumplir en la mayoría delos casos. En el caso de los microcréditos es mucho peor”, añade.
En este sentido, Eduardo Abad, presidente de UPTA, mantienela misma línea y cree que “el Gobierno sigue sin entender lo quenecesitamos. La solución no son los microcréditos para el alquiler,sino que se apruebe una moratoria verdadera de las mensualidades del alquiler[de establecimientos] para que se puedan aplazar mientras dure el cese de actividad,y que además se igualen las condiciones a las de los particulares. No sé porqué tienen que ser distintas si estamos en la misma situación”. Abad recuerdalas dificultades que están teniendo los trabajadores por cuenta propia a lahora de solicitar las ayudas y los créditos del ICO. “El Ejecutivo sigueexigiéndonos el cese de actividad en la Agencia Tributaria para poder solicitarcualquier ayuda, lo que nos obligaría a cerrar nuestros negocios. Es unacerrazón que no entendemos que mantengan cuando se lo hemos explicado poractiva y por pasiva. Y se lo volveremos a repetir en la próxima reuniónsectorial. No queremos microcréditos, sino facilidades para salvarnuestros negocios y a nuestros trabajadores”.
Por su parte, María José Landaburu, secretaria general deUatae, descarta también el sobreendeudamiento que puede provocar acudir a lafinanciación para solucionar todos los problemas. “Creemos que sonnecesarias ayudas directas que no perjudiquen al arrendador, especialmentepara aquellos sectores más castigados, como la hostelería, que está perdiendounos meses en los que reciben ingresos mucho mayores que en otros periodos yque en muchos casos los utilizan para afrontar los pagos del resto del año”.
FUENTE: LA RAZÓN
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