En España, el Gobierno baraja un incremento que podría oscilar entre el 5% y el 10%, con lo que llegaría hasta 1.100 euros al mes.
La inmensa mayoría de los países europeos cuenta con salarios mínimos
en sus legislaciones laborales. Aunque el nivel de estas rentas, sus mecanismos
de actualización y su cobertura varían en función de cada socio.
Este año, la presión que está ejerciendo la crisis inflacionista que
azota a toda Europa ha hecho que numerosos Estados comunitarios hayan decidido,
ya cuál será la subida de sus salarios mínimos para el próximo año y son
considerablemente mayores que los aprobados para 2022. Estos incrementos se
sitúan en una horquilla que va desde el 5,6% aprobado por Francia al 18,9% de
Lituania (ver gráfico), según las cifras manejadas por el Ministerio de Trabajo
español.
Es más, los aumentos ya decididos por estos países, fundamentalmente
aquellos que compiten más directamente con España, son, en prácticamente todos
los casos, muy superiores a los incrementos llevados a cabo por estos mismos
Estados para 2022. Es el caso de países como Bélgica, que el pasado año aprobó
un aumento del salario mínimo para 2022 del 4% frente al 13% acordado para
2023; o Alemania (3,40% para 2022 y 15% para 2023); Holanda (2,40% para el
presente ejercicio y 10% para el próximo año); y Grecia (que aumentó esta renta
un 2% en 2022 y la subirá un 9,7% en 2023).
En el caso español lo único que ya está decidido por parte del Gobierno
es que el salario mínimo –fijado para 2022 en 1.000 euros en catorce pagas,
14.000 euros anuales– se incrementará, pero aún están decidiendo en qué
porcentaje. El único compromiso que el Ejecutivo ha reiterado en numerosas
ocasiones que va a cumplir es elevar la cuantía de este salario a una
cantidad equivalente al 60% del salario medio del país, tal y como recoge
la Carta Social Europea. Esto deberá hacerse antes de terminar la legislatura,
según lo comprometido en el acuerdo de Gobierno de coalición, por lo que será
el próximo incremento para 2023 el que deba cumplir lo estipulado.
Desde el Ministerio de Trabajo, que es el que tiene dentro del
Ejecutivo la competencia de actualizar la cuantía del salario mínimo
interprofesional (SMI), se ha delegado en una comisión de expertos la
tarea de determinar la cifra que representa ese 60% del salario medio. Con la
cuantía o cuantías que determinen estos expertos, el Gobierno tendrá que decidir
la subida del salario mínimo para el próximo año, tras consultar –que no
negociar– con los agentes sociales. Estos expertos tienen previsto hacer su
propuesta a mediados de este mes.
Según lo barajado hasta el momento, la comisión ya calculó en 2021 que
el 60% del salario medio se situaría en unos 1.049 euros, lo que requeriría
subir el SMI para 2023 alrededor de un 5%. Pero este cálculo fue hecho con
estadísticas de 2019 que han sido actualizadas posteriormente. A esto desde
Trabajo añaden la explosión experimentada por los precios, por lo que han
pedido a estos expertos que, para calcular cuánto debería subir el SMI, usen las
estadísticas más actualizadas y la crisis inflacionista. De hecho, el primero
de los criterios que recoge la ley para actualizar el salario mínimo es el
nivel de inflación.
Según eso, si esta renta subiera como se calcula que terminará el IPC
promedio del año en el entorno del 8% u 8,5%, esta renta se colocaría en los
1.080 euros mensuales o ligeramente por encima. Sin embargo, dado el fuerte
impacto del aumento de los precios en las rentas de los trabajadores, los
sindicatos han considerado que este último incremento sería aún insuficiente y
reclaman un alza del 10% hasta los 1.100 euros.
De esta forma, las posibilidades de incremento del salario mínimo
español irían desde el 5% –que también ha pedido el BCE para los salarios en
general en la UE al 10% que reclaman los sindicatos, pasando por la cifra
eventual de IPC promedio en el entorno del 8%.
En este punto, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha manifestado que
prefiere un acuerdo con una cuantía inferior a tener a los empresarios
completamente en contra. Pero esto tampoco determina nada porque todo apunta a
que las empresas no van a mostrar su apoyo a ningún tipo de incremento del SMI,
como no respaldaron el incremento del 5,3% para 2022. Entre los argumentos
que usan los empresarios para rechazar un aumento de esta renta en función
de la inflación es que esto supondría tener que subir el salario a cuatro
millones de asalariados.
La legislatura. Cuando Pedro Sánchez llegó a la Moncloa, el SMI era de
735 euros frente a los 1.000 euros actuales, tras subir un 33,5%. Si esta renta
sube, como piden los sindicatos a 1.000 euros, Sánchez habría subido el SMI un
50%.
Salarios reales. La apuesta del Gobierno por seguir aplicando fuertes subidas del salario mínimo radica en su intención de elevar el suelo de las rentas salariales de la economía española. Esto cobra mayor importancia en 2023, después de que, a la vista de la inflación y la evolución de los salarios pactados en los convenios este año, la OCDE haya pronosticado que España será el segundo país del club de la treintena de Estados más desarrollados donde más caerán los salarios reales en 2022 (-4,46%).
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