Sala de prensa

Tras dos años de tiras y aflojas, la Unión Europea, por fin, ha logrado el consenso necesario para publicar su primera lista negra de paraísos fiscales. La opacidad a la hora de confeccionarla y la falta de voluntad política para señalar todos los territorios que deberían formar parte de ella han dado como resultado una lista descafeinada, donde sólo aparecen 17 países. Para la UE no son paraísos opacos, Suiza, Albania, Serbia o Macedonia a los que clasifica, junto con otros 43 Estados, en un listado gris para revisar el cumplimiento de transparencia, impuestos justos o medidas contra la elusión fiscal que se han comprometido a aplicar. En cambio, no hay rastro de las Islas Vírgenes o de lugares tan cercanos a nosotros como Gibraltar.

Tampoco refleja países cuyos regímenes fiscales dañan las bases imponibles del Impuesto de Sociedades del resto de estados miembros comunitarios ocasionando pérdidas millonarias, como es el caso de Holanda, Irlanda o Luxemburgo. De hecho, la OCDE calcula que la pérdida de ingresos únicamente por la elusión de las multinacionales a nivel mundial se sitúa entre el 4% y el 10% del total de ingresos derivados del Impuesto de Sociedades, lo que representa entre 75.000 y 180.000 millones anuales.

Ante esta lista negra, condicionada lamentablemente con criterios políticos, nuestra alternativa refleja un listado con casi el doble de nombres hasta alcanzar un total de 30 países. Además, al margen de la negra hemos confeccionado una lista gris con 100 paraísos, frente a los 47 países que refleja la europea, que ya se han comprometido a poner en marcha cambios fiscales. Las listas que hemos elaborado desde el sindicato de los técnicos del Ministerio de Hacienda incluyen 130 países y centros financieros offshore, clasificados en dos listados diferentes en función de su capacidad para favorecer la evasión o la elusión tributaria.

Lo que tratamos de demostrar es que, a todas luces, el listado europeo es incompleto y tendrá unos efectos muy limitados en la lucha contra la evasión de impuestos. Debería haber reflejado el nombre de todos los países que han prometido “adoptar un proceso de aprobación” de medidas de transparencia, a los que no han demostrado esa transparencia, a los paraísos situados en países en desarrollo, a los del Caribe asolados por los recientes huracanes, a los países de la propia UE que favorecen la elusión fiscal, y a los territorios offshore que pertenecen a algunos miembros comunitarios.

Por otra parte, esta lista europea de paraísos no cooperativos debería haberse extendido, tal y como estableció Bruselas al inicio del proceso, a todos los territorios con escasa o nula tributación y de apreciable opacidad en los ámbitos bancario, registral y mercantil.

Esto permitiría a la Comisión Europea crear una base de datos de evasores y elusores fiscales transfronterizos a la que los países miembros accederían y podrían implantar sanciones concretas a las empresas con intereses en esas jurisdicciones que aparezcan en el listado.

A la decepcionante lista de la UE, el club comunitario debate medidas de castigo a los países afectados, los cuales podrían tener prohibido el acceso a los fondos europeos y las empresas y personas que operaran en ellos estarían bajo vigilancia y auditoría.

Sin embargo, las sanciones contra las jurisdicciones no cooperativas podrían alcanzar a la suspensión de los acuerdos de libre comercio, de los convenios para evitar la doble imposición, o el impedimento para todas las instituciones y entidades públicas de la Unión de abrir cuentas u operar en dichas jurisdicciones o contratar con empresas que operan en paraísos fiscales.

Desde nuestro punto de vista técnico, también pensamos que habría que sancionar a las empresas, bancos, abogados, contables y asesores fiscales que hayan participado o promovido actividades o acuerdos empresariales fiscales de carácter ilegal, perjudicial o ilícito en dichas jurisdicciones.

Ya en junio de 2009 la Cumbre del G20 celebrada en Londres abrió la posibilidad a la imposición de sanciones a los países que no cooperaran en la lucha contra la financiación del terrorismo, el blanqueo de capitales y la evasión fiscal. Como consecuencia, los estados offshore suscribieron los 12 acuerdos sobre intercambio de información requeridos para poder salir de estas listas.

Pero la firma de un acuerdo de este tipo no garantiza el intercambio efectivo de información, ya que, en virtud de esos acuerdos, las peticiones genéricas de información, o fishing expeditions, están prohibidas por lo que solo se puede pedir la información que se conoce, no la que una Administración tributaria desconoce.

En otras palabras, la mera firma de un acuerdo de intercambio de información no debería ser suficiente para excluir a los países firmantes de las listas de paraísos fiscales.

Si se pusiera en marcha una lista completa, que actuara a gran escala, se tendría una herramienta eficaz para cercar la corrupción, ya que los paraísos fiscales sirven como refugio para los corruptos. De hecho, Transparencia Internacional y Oxfam Intermón hablan de que el 75% de los casos de corrupción utilizan empresas radicadas en territorios opacos y de nula tributación, y de que el 90% de las grandes compañías internacionales tienen presencia en estos lugares.

Así, en la batalla contra la corrupción, estos listados resultan de vital importancia. Pero, cuidado, las listas deben ser dinámicas, no estáticas. Y la lista española lleva practicamente inmutable desde 1991.

La nuestra, en cambio, nace con la vocación de ir incorporando o excluyendo a los países que vayan alcanzando los estándares de tributación, transparencia y cooperación en el intercambio de información. Es decir, las iremos modificando conforme se conozcan los verdaderos titulares de cuentas y sociedades offshore.

Si tenemos en cuenta que los españoles, en concreto, ocultan unos 140.000 millones de euros en paraísos fiscales, lo que equivale a más del 12% de nuestro PIB, no podemos pasar por alto la propuesta del Parlamento Europeo de que se adopten medidas para amparar y promover las actuaciones de los denunciantes o whistle-blowers que permitan aflorar casos de corrupción, delitos penales, elusión fiscal y flujos financieros ilícitos, entre otros casos.

Por ello, los tribunales y los Estados miembros, con el pretexto de garantizar la protección de los secretos legítimos de las empresas, no deberían impedir, obstaculizar ni limitar la capacidad de los denunciantes de irregularidades, sino que tendría que aprobarse una ley específica que reconozca socialmente al denunciante y le proteja en su actividad laboral o profesional, su economía, seguridad personal y jurídica, incluso en su salud.

Y es que fueron, precisamente, este tipo de revelaciones las que llevaron a Hacienda a abrir investigaciones a los implicados en los últimos escándalos relacionados con paraísos fiscales. El ministro, Cristóbal Montoro, cifró en 100 millones de euros la factura para los evasores de los papeles de Panamá, por ejemplo.

Pero casi 90 millones se recaudaron mediante declaraciones complementarias, lo que significa que los implicados disfrutaron de una segunda oportunidad, en la que pagando un recargo del 20% esquivaron las sanciones tributarias y las condenas por los delitos fiscales cometidos.

La AEAT ya no impone la sanción del 150% de la cuota defraudada por declarar “voluntariamente fuera de plazo” los bienes en el extranjero, algo de lo que nosotros ya avisamos a finales de 2012 cuando se aprobó la ley antifraude.

En casos de grandes evasiones en paraísos fiscales, la AEAT debería notificar de forma inmediata el inicio de las investigaciones para evitar que se presenten declaraciones complementarias que ahorren las sanciones y las responsabilidades penales por los presuntos delitos fiscales que se hubieran podido cometer.

No obstante, dado que las comprobaciones preliminares se asignan a un número muy reducido y escogido de funcionarios, las inspecciones tienen que esperar varios meses para ser notificadas a los afectados, que aprovechan ese tiempo para presentar las complementarias.

En resumidas cuentas, vivimos en un entorno donde no existe una determinación sólida para luchar contra el fraude fiscal. Estamos ante un sistema lleno de recovecos, en el que los evasores lo tienen fácil para encontrar el subterfugio que le permita eludir el pago de impuestos.

Pues bien, para acabar con los paraísos fiscales lo primero sería detectar todos los que existen y los que se creen en el futuro. Una vez detectados estos territorios resultaría de vital importancia aumentar la presión internacional para acabar con su opacidad y sus privilegios tributarios, vigilando el contenido y volumen de las ventajas fiscales de algunos lugares extraterritoriales que sin una baja tributación no prosperarían desde un punto de vista social y económico.

FUENTE: CINCODÍAS