Este nuevo conjunto de normas contra las distorsiones causadas por las subvenciones extranjeras permitirá a la UE permanecer abierta al comercio y la inversión, garantizando unas condiciones de competencia equitativas para las empresas que desarrollan actividades en el mercado único.
La Comisión propuso el Reglamento en mayo de 2021 y el Parlamento
Europeo y el Consejo lo aprobaron en junio de 2022.
Las nuevas
normas sobre subvenciones extranjeras
El RSE se aplica a todas las actividades económicas de la UE y se
refiere a las grandes concentraciones (fusiones y adquisiciones), los
procedimientos de contratación pública y todas las demás situaciones del
mercado. Las nuevas normas facultan a la Comisión para investigar las
contribuciones financieras facilitadas por países terceros a empresas que
ejercen una actividad económica en la UE y para corregir, en caso necesario,
sus efectos distorsionadores.
El RSE consta de tres herramientas con las que trabajará la Comisión:
La Comisión podrá prohibir la adjudicación de contratos en tales procedimientos a empresas que se beneficien de subvenciones distorsionadoras.
Competencias
y procedimientos de investigación
Una concentración notificada no puede materializarse y a un licitador
investigado no se le puede adjudicar el contrato público mientras dure la
investigación por parte de la Comisión. En caso de incumplimiento de esta
obligación, la Comisión puede imponer multas por un importe
que puede ser de hasta el 10 % del volumen de negocios anual agregado de la
empresa. La Comisión también puede prohibir la realización de una concentración
subvencionada o la adjudicación de un contrato público a un licitador
subvencionado.
El RSE otorga a la Comisión una amplia gama de competencias de investigación para recopilar la información necesaria, entre ellas:
La Comisión también puede basarse en la información facilitada por
empresas, Estados miembros, cualquier persona física o jurídica o asociación.
Si la Comisión considera que existe una subvención extranjera y que
esta distorsiona el mercado único, puede sopesar sus efectos negativos en
términos de distorsión con los efectos positivos en el desarrollo de la
actividad económica subvencionada. Si los efectos negativos son mayores que los
positivos, la Comisión puede imponer medidas correctoras estructurales
o no estructurales a las empresas, o aceptarlas como compromisos, a fin de
poner remedio a la distorsión (por ejemplo, cesión de determinados activos o
prohibición de una determinada conducta en el mercado).
Por regla general, las subvenciones inferiores a cuatro millones de
euros a lo largo de tres años se consideran probablemente no distorsionadoras,
mientras que las subvenciones por debajo del umbral de minimis de las ayudas
estatales de la UE se consideran no distorsionadoras.
En el marco de las concentraciones notificables y los procedimientos de
contratación pública, la Comisión puede examinar las subvenciones
extranjeras concedidas hasta tres años antes de la operación. Sin
embargo, el Reglamento no se aplica a las concentraciones concluidas ni a las
contrataciones públicas iniciadas antes del 12 de julio de 2023.
En todas las demás situaciones, la Comisión puede examinar las
subvenciones concedidas en los diez años anteriores. Sin embargo, el Reglamento
solo se aplica a las subvenciones concedidas en los cinco años anteriores al 12
de julio de 2023 cuando dichas subvenciones distorsionan el mercado único tras
el inicio de la aplicación del Reglamento.
Próximas
etapas del Reglamento sobre subvenciones extranjeras
Tras su entrada en vigor, el RSE pasará a su fase de ejecución y
empezará a aplicarse dentro de seis meses, a partir del 12 de julio de 2023.
Desde esa fecha, la Comisión podrá iniciar investigaciones de oficio.
La obligación de notificación para las empresas será efectiva a partir del 12
de octubre de 2023.
En las próximas semanas, la Comisión presentará un proyecto de Reglamento de Ejecución que aclarará las normas y procedimientos aplicables, incluidos los formularios de notificación para las concentraciones y los procedimientos de contratación pública, el cálculo de los plazos, el acceso a los procedimientos y la confidencialidad de la información. A continuación, las partes interesadas dispondrán de cuatro semanas para formular observaciones sobre estos proyectos de documentos antes de que se ultimen y adopten las normas de aplicación, a mediados de 2023.
FUENTE: EL DERECHO
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