Sentencia del Tribunal Constitucional de 8 de junio de 2017. Declara inconstitucional y nula la disposición adicional primera del Real Decreto-ley 12/2012 por el que se introducen diversas medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reducción del déficit público por vulnerar el artículo 86.1 de la Constitución, que prohíbe el uso del decreto-ley cuando las medidas aprobadas afecten “de forma relevante o sustancial” a los deberes consagrados en el Título I de la Constitución, como es el caso del “deber constitucional de ‘todos’ de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos” (art. 31.1 CE). En virtud del principio de seguridad jurídica (art. 9.3 CE), la decisión del tribunal no afectará a las regularizaciones tributarias firmes que se realizaron al amparo de la norma anulada.
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