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Cerca de 2.300 inspectores y subinspectores utilizan el «buzón de denuncias» habilitado en el Ministerio para multiplicar las investigaciones. El sector agrario es el que más visitas recibe por parte de los funcionarios

El Ministerio de Trabajo ha lanzado una nueva campaña de inspecciones para comprobar si se esta cumpliendo con la ley en la aplicación del nuevo salario mínimo interprofesional (SMI) y, si no ha sido así, sancionar a aquellas empresas que no lo hayan establecido todavía. El pasado 1 de enero entró en vigor la aplicación del nuevo SMI, recogido en el Real Decreto 1462/2018 de 21 de Diciembre, según el cual el cómputo anual del salario nunca puede ser inferior a 12.600 euros, lo que corresponde a 900 euros mensuales en 14 pagas. Todo ello hay que aplicarlo a contratos con jornada completa, por lo que las jornadas parciales deben calcularse proporcionalmente.

La semana pasada, la ministra de Trabajo en funciones, Magdalena Valerio, ya avisó de que su Ministerio perseguiría a las empresas que no cumplieran con el SMI. Así, Inspección de Trabajo ha habilitado un «buzón del fraude» para que los trabajadores puedan denunciar cualquier irregularidad en su sueldo. La denuncia es anónima y entrará de oficio en la Inspección, que tras una investigación podrá sancionar a cualquiera que no haya cumplido con la normativa vigente. Este buzón está habilitado en el propio portal web del Ministerio de Trabajo y el trámite para presentar una denuncia es sencillo y se completa tras realizar un pequeño cuestionario.

Para llevar a cabo las investigaciones, la Inspección de Trabajo cuenta con cerca de 2.000 inspectores y subinspectores –a los que hay que sumar otros 300 de autonomías con las competencias transferidas–, que ya han comenzado las visitas y preparado las primeras sanciones. Todavía no existen datos oficiales de actuaciones, pero si nos atenemos a los de 2017, los últimos publicados, se contabilizaron 57.258 actuaciones en denuncias por salarios y transgresión de las normativas del contrato, un 42,6% del total de intervenciones, porcentaje que se verá superado este año por la oleada de inspecciones por el SMI, que no habían sido prioritarias hasta ahora.

Fuentes del Ministerio de Trabajo niegan que exista una campaña de persecución contra los empresarios, sino que desde Inspección de Trabajo se sigue una metodología. «Todas las denuncias son investigadas, pero no todas ellas terminan en sanción».

Además del «buzón del fraude», Inspección tiene otras tres maneras de denunciar: de forma presencial en cualquiera de las oficinas de la Inspecciones Provinciales de Trabajo; de forma telemática, a través de la página web; y por vía postal. El sector en el que más incidencia está teniendo esta batería de inspecciones es en el agrario, donde más complicada es su aplicación por culpa de la temporalidad, la precariedad y el pequeño margen de viabilidad que tienen la mayoría de las explotaciones. Los sindicatos ya han puesto el ojo sobre el sector y han denunciado en Inspección infinidad de casos, que ya están siendo investigados. Por ello, el temor se ha extendido por el campo español y se teme una oleada de despidos ante la imposibilidad de cumplir con la nueva normativa.

El sector agropecuario está siendo el más castigado por las nuevas legislaciones, ya que a la obligatoridedad de cumplir con el nuevo SMI hay que añadir el impacto del nuevo registro horario, que ha provocado que muchas explotaciones hayan tenido que adaptarse de forma precaria a la normativa y que ya haya hecho mella en la contratación. El Ministerio de Trabajo también ha creado el Observatorio de Lucha contra el Fraude a la Seguridad Social, cuyo objetivo es la recuperación de los recursos que se pierden por incumplimientos en los pagos y por conductas irregulares, «en busca de la sostenibilidad del sistema». El Observatorio, que comenzará su andadura en septiembre, se crea como órgano de participación y recogida de información, con la posibilidad de realizar estudios y análisis de datos para la formalización de propuestas de actuación preventivas y de corrección de fraude, así como para la evaluación y difusión de los resultados.

FUENTE: LA RAZÓN