Una tarjeta electrónica ayudará a los autónomos a trabajar en la UE
20 de enero de 2017
Una tarjeta electrónica ayudará a los autónomos a trabajar en la UE
La Comisión Europea ha propuesto la creación de un carné digital para que pymes y autónomos puedan agilizar los trámites exigidos para realizar operaciones y prestar sus servicios en otros países de la Unión Europea. De esta forma, las empresas de los sectores de los negocios y la construcción que quieran operar en otros países comunitarios podrán obtener el permiso de operaciones, proporcionando toda la información necesaria a una única autoridad en su propio país e idioma.
La información proporcionada será traducida al idioma del país de destino, que mantendrá todas las competencias para fijar los requisitos de autorización para operar en su territorio, tanto si es de forma temporal, como definitiva. Bruselas calcula que, con este procedimiento, se reducirá de 16 a 7 o 9 semanas el tiempo necesario para tramitar la apertura de una filial en otro país y en hasta un 50% los gastos de administración, que, en la actualidad, pueden llegar a alcanzar los 10.000 euros.
Las ventajas más importantes de la medida serán el ahorro de los costes de las traducciones oficiales, la realización de los trámites en una ventanilla única y la facilidad para obtener los seguros necesarios para los profesionales en el país de destino. Las pymes y autónomos sólo tendrán que rellenar una autorización por cada país en el que quieran operar y por el tipo de servicios que deseen prestar.
Según la Comisaria de Empleo de la Unión Europea, Maryanne Thyssen, la nueva tarjeta electrónica no interferirá con la directiva establecida para los trabajadores desplazados y los Estados miembros podrán tomar las medidas de control que estimen oportunas. Bruselas insiste en que la medida no acarreará un problema de competencia entre los trabajadores locales y los extranjeros porque éstos presten servicios a precios más bajos que los nacionales.
La propuesta del carné electrónico se enmarca dentro de un paquete de medidas presentado por el Ejecutivo comunitario con el objetivo de dar un nuevo impulso al mercado de servicios europeo, que representa el 70% de la economía de la UE y genera el 90% de los nuevos puestos de trabajo.
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