Esta nueva finalidad social de SAREB se conjugará con el objetivo de recuperar el valor económico de sus activos y procurar el menor coste para el contribuyente, según ha informado el Gobierno.
El Consejo de Ministros ha sido informado sobre el Plan de la Sociedad
de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB) que
movilizará hasta 50.000 viviendas para alquiler social y asequible, procedentes
de su cartera de inmuebles y la cesión de suelos urbanizables.
SAREB cuenta actualmente con un stock potencial de vivienda terminada
para uso social de 21.000 unidades, que pondrá a disposición de las comunidades
autónomas y ayuntamientos para su venta; además de otras 14.000 ya habitadas,
en las que está trabajando para identificar a las familias vulnerables y
ofrecerles un programa de alquiler social y acompañamiento
laboral; y dispone de suelos en los que podrían promoverse hasta 15.000
viviendas adicionales destinadas al alquiler asequible.
Esta iniciativa se integra en las actuaciones previstas en el Plan
Estatal de acceso a la vivienda 2022-2025, que tiene el objetivo de
incrementar el parque público de vivienda en 100.000 unidades y se suma a las
medidas en marcha para facilitar el acceso a una vivienda digna, como el Bono
de Alquiler Joven y las ayudas a la rehabilitación y eficiencia
energética de edificios financiada con fondos europeos.
Nueva
estrategia social de SAREB
Esta nueva estrategia de SAREB se enmarca en los cambios introducidos
desde la toma de control de la entidad por parte del Estado y su incorporación
al perímetro público en abril de 2022.
Además del refuerzo de la dirección de la entidad y puesta en marcha el
diseño de la estrategia, se ha designado un Consejo Asesor, de
carácter consultivo y no retribuido, integrado por expertos en materia de
sostenibilidad social para facilitar el desarrollo de las actuaciones en este
campo. Está integrado por Antón Costas (presidente del Consejo Económico y
Social), Carme Trilla (presidenta del Observatorio Metropolitano de la Vivienda
de Barcelona), la reconocida arquitecta Fuensanta Nieto y la investigadora de
la Cátedra UNESCO de Vivienda, Nuria Lambea.
Ejes o
líneas de gestión de la nueva estrategia de SAREB
1. Viviendas
para uso social destinadas a acuerdos de venta con CCAA y ayuntamientos
Las 21.000 viviendas identificadas para uso social de SAREB se
movilizarán a través acuerdos de venta a las comunidades autónomas o municipios
para alquiler social y asequible.
En esta línea de actuación figuran acuerdos con la Comunidad
Valenciana, Galicia o el Ayuntamiento de Madrid. Se están negociando
operaciones con la Comunidad de Madrid, la Junta de Castilla y León y el
Ayuntamiento de Torrelavega y se trabaja actualmente con Cataluña en un nuevo
acuerdo de venta.
Se contemplan, a su vez, convenios de cesión temporal de viviendas para
uso social, tanto a administraciones públicas como a entidades sin ánimo de
lucro, prestando especial atención a las zonas en riesgo de despoblación y a
los colectivos vulnerables.
2. Refuerzo
a la inclusión social a través de la vivienda
Para la gestión de las 14.000 viviendas ya habitadas, se desarrolla una
estrategia de alquiler social y de acompañamiento en la inclusión de las familias
vulnerables.
Con esta línea se ofrecen contratos de alquiler social a familias
teniendo en cuenta su nivel de renta y se les ayuda en la regularización de su
situación, la búsqueda de empleo, el acceso a los servicios sociales y a las
prestaciones a las que tienen derecho, incluyendo el Ingreso Mínimo
Vital.
3. Cesión de
suelos urbanizables
También se pondrá en marcha un proyecto de cesión de suelo urbanizable
para la construcción de unas 15.000 viviendas adicionales destinadas al
alquiler asequible, que se desarrollará a través de la colaboración
público-privada.
Por otra parte, además de las operaciones de vivienda, SAREB ofrecerá a
las administraciones públicas la venta de suelos destinados a otros objetivos
sociales como la construcción de hospitales, escuelas u otros espacios
públicos.
Esta venta de suelos también contribuye al objetivo de cohesión territorial en el marco del Proyecto Reto Demográfico para implantar proyectos empresariales y de industrialización en la España rural.
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