La brecha fiscal entre autónomos y pequeñas y medianas empresas se amplía y empieza a tener consecuencias visibles en el tejido productivo. Los últimos datos de la Agencia Tributaria reflejan que los trabajadores por cuenta propia soportan ya un tipo efectivo un 25 % superior al de las pymes, una diferencia que está impulsando el paso de miles de profesionales hacia estructuras societarias.
En concreto, los autónomos tributan de media un 21,73 % sobre sus beneficios en el IRPF, frente al 17,31 % que abonan las pymes en el Impuesto sobre Sociedades. Esta distancia no solo se ha consolidado, sino que se ha ampliado en los últimos años, en paralelo al aumento de la inflación y a la ausencia de ajustes en el impuesto sobre la renta.
El principal factor detrás de este incremento es el propio diseño del IRPF. Al tratarse de un impuesto progresivo, el aumento de ingresos nominales, incluso cuando responde a una subida de precios, provoca que muchos autónomos escalen a tramos superiores de tributación.
Este efecto se ha intensificado en un contexto en el que los costes operativos —energía, suministros o alquileres— han obligado a subir precios. El resultado es que una parte de esos mayores ingresos, que en muchos casos solo compensan la inflación, termina traduciéndose en una mayor carga fiscal.
La falta de deflactación del tramo estatal del IRPF agrava este fenómeno, al no ajustarse los límites de los tramos a la evolución del coste de la vida.
Frente a esta dinámica, las pymes presentan una mayor estabilidad en su tributación. El Impuesto sobre Sociedades, con un tipo general del 25 %, permite aplicar deducciones e incentivos fiscales que reducen el tipo efectivo.
Además, las sociedades cuentan con mecanismos de planificación que permiten optimizar la carga tributaria. La posibilidad de diferir beneficios, ajustar la retribución o aplicar incentivos fiscales introduce un margen de maniobra que no existe en el IRPF.
Este desequilibrio explica que, pese a que los beneficios han crecido de forma similar en ambos colectivos, la carga fiscal haya evolucionado de manera distinta.
El impacto de esta diferencia ya se está trasladando al mercado. Durante 2025, más de 57.000 autónomos optaron por constituirse como sociedades, en un intento de reducir su factura fiscal.
El fenómeno apunta a una tendencia creciente: a medida que aumentan los ingresos, la estructura societaria se convierte en una alternativa más eficiente desde el punto de vista fiscal.
Para los asesores, este cambio plantea una cuestión clave: determinar en qué momento el paso de autónomo a sociedad deja de ser una opción y se convierte en una necesidad.
Los datos evidencian una paradoja. Tanto autónomos como pymes han experimentado un crecimiento notable de sus ingresos en los últimos años, impulsado en buena medida por la inflación.
Sin embargo, ese crecimiento no ha tenido el mismo reflejo fiscal. Mientras que las pymes han mantenido niveles relativamente estables de tributación, los autónomos han visto incrementado su tipo efectivo de forma significativa.
La diferencia no está en los ingresos, sino en la estructura del impuesto.
Ante esta situación, las asociaciones de autónomos han reactivado la demanda de deflactar el IRPF, es decir, ajustar los tramos del impuesto a la inflación para evitar incrementos de tributación no vinculados a una mayor capacidad económica.
Algunas comunidades autónomas han aplicado medidas en esta línea en su tramo autonómico, pero la falta de actuación en el tramo estatal mantiene el problema estructural.
La evolución reciente confirma que la fiscalidad está influyendo directamente en la forma jurídica de los negocios. La elección entre tributar como autónomo o como sociedad ya no responde solo a criterios operativos, sino a una decisión estratégica condicionada por la carga impositiva.
En un entorno marcado por la inflación y la progresividad del IRPF, el mensaje es claro:
la estructura fiscal del negocio puede determinar su rentabilidad real.
